Asturias atisba su nuevo mapa energético

Oviedo, Luis GANCEDO
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Asturias tiene un sector eléctrico capaz de atender las necesidades de sus familias y empresas, de cubrir la demanda de su sector industrial, uno de los más intensivos en gasto energético de todo el país, y de «exportar» casi otro tanto al resto de España. Con esa potencia, el kilovatio hecho en el Principado mueve más de 1.000 millones de euros al año y es la tercera industria regional por facturación, sólo por detrás del metal y de las fábricas agroalimentarias.

Ese gran negocio está en pleno cambio de ciclo tecnológico, con millonarias inversiones en marcha (regasificadora, centrales, parques eólicos, líneas de alta tensión...) que a medio plazo pueden hacer que Asturias, de la mano del gas y de la «energía verde», incremente en más de un 50% su ya excedentaria capacidad productiva. Todo viene de una estrategia que empezó a gestarse hace más diez años.

Durante las últimas fechas se han producido hitos relevantes en los planes para muscular aún más el sector: la asignación de 40 nuevos parques eólicos para el Occidente y la entrega a Enagás de los terrenos de El Musel para construir la regasificadora. La energía del viento y el gas natural son las paredes maestras del nuevo modelo eléctrico hacia el que camina una comunidad que durante décadas se ha especializado en hacer kilovatios con carbón en cuatro grandes térmicas (Aboño, Soto de Ribera, Lada y Tineo), instalaciones cuyos grupos de generación han superado en varios casos los 30 años.

La antigüedad de esas centrales y el declive que se presumía en el uso de carbón -nacional o importado- por su impacto ambiental están en la base de la apuesta por el gas natural que desde el ámbito político formuló en voz alta por primera vez en Asturias Javier Fernández mediados los años noventa, cuando el ahora secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) era diputado nacional.

En diciembre de 1997 Fernández escribía en LA NUEVA ESPAÑA un artículo titulado «Luz de gas» en el que lanzaba la idea de que Asturias dispusiera de una regasificadora, algo que maduraban también de aquella el País Vasco para Bilbao o Galicia para Ferrol. Ocurría a la vez que los primeros pasos de la liberalización eléctrica desataban el corsé planificador que había limitado la capacidad de las empresas para elegir dónde y con qué tecnología hacer sus fábricas de kilovatios.

La tecnología llamada a tomar el relevo del carbón era el ciclo combinado, las térmicas de gas natural. El modelo que planteaban el ingeniero de Minas Javier Fernández y algunos otros -el secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, entre ellos- se basaba en que Asturias debía, sin orillar el carbón, diversificar su negocio eléctrico hacia el gas y las energías renovables, como estaba cantado que iba a ocurrir en el conjunto de España.

Una regasificadora conllevaría, según aquella tesis, la construcción en su entorno de centrales de ciclo combinado. Y Asturias podría a un tiempo mantener hacia dentro una oferta energética solvente -para no cercenar las opciones de crecimiento de actividades como la siderurgia- y apuntalar un sector de gran relevancia económica, no tanto por el empleo directo que genera como por el valor de la producción, por sus aportaciones a las cuentas públicas vía impuestos y, en suma, por su peso en el producto interior bruto (PIB). El peligro de que el kilovatio asturiano se descolgara del tren tecnológico que ya pitaba en otras regiones se presentaba, además, como un riesgo cierto de recorte de actividad que añadir a los soportados previamente por otros sectores medulares de la economía asturiana.

Con esa filosofía, el primer Gobierno de Vicente Álvarez Areces -con Javier Fernández como consejero de Industria hasta 2000- puso en la primera línea de su política industrial el conseguir una regasificadora para Gijón, una pieza que además encajaba en los planes paralelos para ampliar El Musel. Se trató de persuadir al Gobierno central, entonces del PP, para que incluyera la instalación en la planificación energética nacional, requisito insoslayable. Con Rodrigo Rato al frente del Ministerio de Economía, el Gobierno rechazó aquel primer intento asturiano, esgrimiendo que la demanda de gas no justificaba la planta y que, al contrario que otras (Bilbao o Ferrol, por ejemplo), la solicitud para Gijón no tenía respaldo empresarial.

El Ministerio de Rato argumentó que no tenía sentido, con la demanda prevista en Asturias, hacer en Gijón la séptima regasificadora española, una instalación que a la postre debía financiarse con cargo a la factura energética del país. Efectivamente, en 2002 Asturias no tenía sobre la mesa más proyectos para ciclos combinados que los anunciados por Hidrocantábrico para Soto de Ribera, dos grupos de 400 megavatios cuyo acceso al combustible estaba técnicamente asegurado con el gasoducto Ruta de la Plata, sin necesidad de una planta de regasificación.