Una acción desproporcionada

El alcalde de Cudillero, Francisco González, considera que la Unión de Guardias Civiles ha atacado su honorabilidad al criticar las apreciaciones que el regidor hizo sobre la actuación de una pareja de agentes en Soto de Luiña, en el que un vecino resultó muerto a tiros.

FRANCISCO GONZÁLEZ MÉNDEZ ALCALDE DE CUDILLERO Desde que el pasado día 17 de septiembre, al día siguiente del fallecimiento de Severino Gallego, manifesté que lo ocurrido «me parecía una acción desproporcionada», he sido objeto de numerosas críticas y también de insultos por parte de la Unión de Guardias Civiles, que he asumido, aunque entiendo que la libertad de expresión de las personas es un derecho que tiene sus fronteras donde ésta ataca la honorabilidad de otras. Y en mi caso, considero que esas fronteras se han sobrepasado en más de una ocasión, con creces. Pero el pasado 26 de septiembre, en LA NUEVA ESPAÑA este mismo colectivo vuelve a efectuar valoraciones sobre mi única intervención al respecto. Una intervención que en ningún momento supuso una falta de respeto, una grosería, ni tan siquiera un menoscabo a la Guardia Civil en general; tan sólo una apreciación sobre un hecho puntual y aislado, que en nada tiene que ver con el proceder habitual ni con la labor que la Benemérita viene realizando desde hace muchos años y que yo respeto profundamente.

La prensa que cubrió el fallecimiento de Severino Gallego me llamó para pedir la opinión del alcalde del municipio, por entender que se trata de un cargo elegido por los vecinos democráticamente, que por lo tanto les representa y que por lo tanto, también, su opinión puede tener interés público y social. Entiendo, a la vista de la cadena de improperios que me ha dedicado la UGC, que lo correcto para ellos es que el alcalde se hubiese callado, que no se manifestase al respecto, que «escurriese el bulto». Pero como el cargo electo soy yo, mientras la ciudadanía en las urnas así lo decida, por mucho que ellos pidan mi dimisión, la UGC no me va a decir cuándo debo hablar, cuándo debo callarme, ni qué debo decir.

Afirman también que para opinar «tendría que haber estado allí cuando se produjeron los hechos». Miren, yo allí no podía estar porque no soy guardia civil, pero eso, en un Estado de derecho no es óbice para poder expresar un criterio. Entiendan bien el símil que les voy a mencionar a continuación y sin querer comparar ambos casos: tampoco yo estuve en Irak, ni millones de españoles, y no por ello dejamos de opinar que no compartimos la intervención militar americana.

Sólo por manifestar que «me parecía una acción desproporcionada» -mis únicas declaraciones al respecto-, la UGC me ha regalado adjetivos como «aprendiz de caudillo», «ignorante atrevido» o «mentiroso». Todos ellos recogidos en los medios de comunicación. Insultos que, proviniendo de una Unión de Guardias Civiles, entiendo que suponen también una clara y evidente falta de respeto a la autoridad civil que represento porque así lo ha decidido la ciudadanía. Me gustaría, por tanto, recordarle a la UGC que, de la autoridad civil, en un Estado democrático, es de donde emanan los Cuerpos de Seguridad como al que aseguran representar, y no a la inversa.

Afirma también que con mis declaraciones pretendo «influir en la decisión judicial», olvidando nuevamente que dicha influencia, en un Estado donde la separación de poderes la ampara la Constitución, no tiene cabida. Por esto y porque los jueces tienen suficiente criterio, solvencia e independencia para emitir sentencias de la índole que sea, sin que el poder político influya en ellas. Decir lo contrario es tanto como menospreciar a quien tiene en su encomienda velar por el cumplimiento de las leyes y eso, señores de la UGC, es más que una osadía. Comparto por ello, plenamente con el delegado de Gobierno, Antonio Trevín Lombán, que en el caso que nos ocupa, sólo el juez tiene potestad y elementos de juicio para emitir una sentencia sobre lo ocurrido y espero que ustedes compartan conmigo que yo pueda opinar sobre aquellos aspectos que atañan a los vecinos del concejo que presido. Pero si no lo hacen, les adelanto que ni la UGC ni el obispo de Constantinopla me van a callar. A los alcaldes no les quita la UGC por mucho que pidan su dimisión. Nos quitan y nos ponen las urnas.

Y como a río revuelto, ganancia de pescadores, la UGC aprovecha este incidente aislado para dar mayor publicidad a la propuesta, que presentaron en su día, destinada a pedir el cierre de 33 cuarteles de la Guardia Civil en Asturias. Cuarteles todos ellos ubicados en las zonas menos pobladas del Principado, las más rurales. Medida a la que también me opongo y mi opinión está en sintonía nuevamente con la del delegado de Gobierno, con la de los mandos de la Guardia Civil, con el Ministerio del Interior y con la del presidente del Gobierno, poderes públicos todos ellos que entienden que la seguridad y el Estado de bienestar deben alcanzar por igual a la ciudadanía en general, independientemente del lugar en el que se viva; que todas las personas tienen derecho a esta cobertura, a recibir estos servicios con la misma diligencia y presencia, residan en Madrid o en la última aldea o núcleo rural de este Estado. Les recomiendo a los miembros de la UGC (Unión de Guardias Civiles, que no sindicato, ¡que para sindicatos los de clase!), que se lean la ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en la que precisamente la propuesta del Ministerio del Interior es abrir más casas cuarteles en los lugares más desfavorecidos y alejados del país, para que todos los ciudadanos tengan garantizada su seguridad. Yo les recuerdo también que vivir en el medio rural no es sólo una circunstancia, es un derecho. Y en esa línea ha trabajado la Guardia Civil desde 1977 en cuarteles como el de Soto de Luiña, Cudillero o el extinto de Novellana, donde, en lo que a mí respecta, han prestado sus servicios agentes y mandos que han evidenciado con su profesionalidad y dedicación las mejores cualidades del cuerpo. El resto son incidentes aislados que, en nada afectan al proceder general de la Benemérita.

Por último, opina la UGC sobre la suspensión cautelar del sargento de la Policía Local de Cudillero. Ellos, que a mí, en el caso anterior, me «instan a cerrar el pico», porque no estaba allí para opinar, porque no tengo elementos de juicio. Yo me pregunto: ¿Cuáles tienen ellos? ¿Conocen el expediente administrativo? ¿Saben sobre la instrucción del caso que atañe a este agente? No, lo único que aportan es que antes que jefe de la Policía Local fue comandante del puesto de la Guardia Civil de Llanera. Y eso parece ya suficiente para posicionarse al respecto, para ser juez y parte, para señalar que es un profesional intachable. Yo eso lo entiendo únicamente como el argumento del que enarbola la bandera del más rancio corporativismo. La Guardia Civil es una cosa y la Policía Local es otra. En esta última, por cierto, el máximo responsable es el Alcalde.

Para finalizar, afirman que con todo este proceso, estoy siguiendo «una burda estrategia electoral». Yo les quiero manifestar en este sentido que después de cinco legislaturas obteniendo mayorías absolutas para gobernar, opinar eso es tanto como decir que los vecinos de Cudillero están equivocados o, más aun, que no tienen criterio para elegir a sus representantes. En el 2011 volverán a abrirse las urnas municipales y para aquellos que hoy piden mi dimisión como el Partido Popular, el SIPLA o la UGC, es la oportunidad idónea para presentarse y favorecer una alternancia. Pero estos últimos deben recordar que, para acceder al poder político, antes deben colgar los uniformes.