El Principado apela a los grupos políticos para evitar que los funcionarios pierdan los pluses

El Gobierno regional solicitará el apoyo de los grupos políticos en la Junta General del Principado para aprobar por el trámite de urgencia las leyes que darán cobertura legal al pago de los complementos retributivos asociados a la carrera profesional de sus funcionarios. Fuentes del Ejecutivo justifican la petición de uso del procedimiento de urgencia y lectura única -para el que se necesitan los votos del PP- en la pretensión de eliminar el riesgo de que los empleados públicos puedan perder los pluses que están cobrando. Eso podría suceder, según esas mismas fuentes, si el Tribunal Supremo desestimara los recursos de casación presentados contra la sentencia del Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que el pasado junio tumbó la carrera profesional tal y como la había articulado el Principado. «En el hipotético caso de que ocurriera eso», afirman, «la situación que podría darse obligaría a eliminar el pago si no existen estas leyes».

Hablan de leyes, en plural, porque son dos los borradores que el Gobierno regional presentará a los sindicatos en la mesa general de la función pública, que se pretende convocar hoy para que se celebre el próximo martes. Uno de los textos regula la situación de los empleados públicos del Principado y el otro, la de los docentes no universitarios. Para ambos, precisan desde el Principado, a partir de lo dispuesto en los textos «siempre habrá margen de negociación en virtud del planteamiento que realicen los sindicatos» en la mesa.

Si se cumplen los plazos que maneja el Ejecutivo, el Consejo de Gobierno los aprobaría a finales del próximo mes de octubre y a continuación llegarían, por el trámite de urgencia y lectura única, a la Junta General del Principado para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año. Estas dos disposiciones tratarán de ofrecer una solución al conflicto desatado a cuenta de la carrera profesional con una modificación concreta de la ley de Función Pública vigente y a la espera de que, para resolver la situación particular de los enseñantes, se apruebe el Estatuto Básico del Personal Docente. Esta norma depende del Ministerio de Educación y aún no tiene ni siquiera plazos concretos de tramitación.

Los caminos de los profesores no universitarios y del resto de los empleados públicos del Principado aparecen, pues, perfectamente delimitados, incluso en la forma que adoptarán sus retribuciones cuando se regularicen. Así, según avanzó en su día la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, una vez que estas leyes entren en vigor, los funcionarios cobrarán los pluses ya como carrera profesional -hasta ahora era un complemento de productividad a cuenta de la carrera-, mientras que los docentes, a la espera de la aprobación de su Estatuto, tendrán que recibirlos provisionalmente con la forma de un incentivo salarial en cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica de Educación (LOE). Para ello, tendrán que someterse a un plan de evaluación que, según Migoya, deberá ser aprobado previamente en las mesas de negociación sectorial y general.