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JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA Con la aprobación, el pasado 18 de septiembre por el Consejo de Ministros, del plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012 asistimos al inicio de una nueva etapa, llena de retos, en esta materia, que va a requerir del compromiso y la colaboración, sin excepciones, de todas las personas que, de una u otra forma, podemos contribuir a cumplir las expectativas de la ciudadanía española en este punto, que no son otras que las de contar con un sistema judicial más ágil, un servicio público -pues eso es la justicia- eficiente y moderno.
Los recursos económicos que supone el plan de modernización, 600 millones de euros adicionales al presupuesto ordinario del Ministerio de Justicia, avalan la apuesta decidida que se ha tomado con respecto a la solución de los defectos estructurales de la justicia en nuestro país, que vienen de muy atrás en el tiempo. Pero, sin duda, la mayor garantía del plan y de todas y cada una de sus 147 actuaciones no es otra que el enorme esfuerzo que se ha realizado para aunar voluntades. Se ha escuchado la opinión de todos los profesionales de la justicia, la de más de cien entidades públicas y privadas, la de las distintas administraciones afectadas y la de los grupos parlamentarios antes de su elaboración y la propuesta final cuenta con el apoyo del Pleno del Congreso de los Diputados, del Consejo General del Poder Judicial y de las comunidades autónomas.
Nos encontramos así ante la puesta en marcha inmediata del Plan; de hecho en próximas fechas se aprobarán las medidas legislativas que van a permitir el funcionamiento de la nueva oficina judicial, cuyo despliegue supone una parte importantísima de su contenido. Esta puesta en marcha se produce en un momento especialmente interesante para el Gobierno del Principado de Asturias que tiene claro que la justicia es hoy un servicio público esencial. Por eso, desde que en 2007 se inició el proceso de transferencias de la competencia en esta materia, culminado el pasado 1 de enero con el traspaso de los medios personales, ha trabajado y destinado los recursos necesarios para la mejora de la justicia en nuestro ámbito territorial.
El Gobierno del Principado de Asturias es consciente, como lo es el plan, de que no todos los problemas de que adolece la justicia son susceptibles de una solución inmediata, sino que, en su mayoría, requieren soluciones que necesariamente han de prolongarse en el tiempo. De nada sirve plantearnos el paso a la nueva oficina judicial o el incremento del número de jueces, secretarios judiciales, fiscales y resto del personal de la administración de justicia, si previamente no hemos adaptado los edificios en que haya de implantarse la oficina y los nuevos órganos judiciales, no disponemos de los adecuados medios informáticos (equipos, redes, sistema de gestión y otras aplicaciones) o no se ha realizado una adecuada selección y formación del personal de todos los cuerpos de la administración de justicia. Esta premisa inicial, no siempre entendida, ha guiado las actuaciones de nuestra administración desde la asunción de competencias y está presente en el plan de modernización, que extiende la finalización de sus distintas actuaciones hasta el segundo semestre de 2012, marcando distintamente el inicio y la duración de cada una de ellas.
Por ello, hemos comenzado en nuestra región por la construcción de nuevos edificios (Juzgado de Villaviciosa, Juzgado de Pravia o Instituto de Medicina Legal de Asturias) que permitan superar las obsolescencias de que adolecen alguna de nuestras infraestructuras judiciales. También hemos afrontado la ejecución de nuevos edificios (Palacio de Justicia de Gijón y solución para el Palacio de Justicia de Oviedo) que, aparte de superar la dispersión de órganos judiciales en estas ciudades, van a permitir que dentro del plazo de vigencia del plan todos los partidos judiciales de Asturias en que haya de estar operativa la oficina judicial cuenten con unos edificios perfectamente adaptados a la misma.
En la misma dirección van las inversiones realizadas para mejorar tecnológicamente los juzgados, efectuadas de forma que permitan su reutilización en los casos de cambio a las nuevas sedes en construcción. Se ha comenzado por realizar una gran inversión en las redes de comunicaciones de la totalidad de edificios judiciales de Asturias, para proceder después, ya durante este año, a la renovación de la totalidad de equipos de los mismos y al cambio y virtualización de los servidores. En esta misma línea el próximo año se finalizará el cambio del sistema de impresión. También durante este tiempo se han ido adquiriendo sistemas de videoconferencia y de grabación.
Todas estas actuaciones ya acometidas en Asturias van a permitir que las previsiones del plan en cuanto a despliegue de nueva oficina judicial y del ministerio fiscal, trabajo en red, aumento de la planta judicial, modernización del sistema científico de apoyo a la justicia o Registro Civil único encuentren en nuestro territorio un soporte más que suficiente de medios materiales.
Si bien ha de continuarse con la inversión en nuevas sedes para algunos órganos judiciales unipersonales -cuyo estado actual no es el más deseable para la función que desempeñan-, durante los próximos años hemos de realizar un esfuerzo adicional, siguiendo lo dispuesto en el plan y en sintonía con el Gobierno de la nación, el resto de comunidades autónomas y el CGPJ, en la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión procesal, su interoperabilidad con los sistemas de otras comunidades, las comunicaciones y notificaciones electrónicas (Lexnet) y la imprescindible formación de nuestro personal para adaptarse al nuevo modelo de oficina y a las nuevas herramientas de gestión.
Por todo ello, hemos de afirmar que el plan estratégico de modernización de la justicia 2009-2012 llega en un momento especialmente adecuado para Asturias. Pese a todas las dificultades que probablemente hayamos de sortear en el camino, comenzando por las presupuestarias, lo cierto es que se ha iniciado un camino hacia la modernización real de la justicia que no tiene retorno y que exige la corresponsabilidad de todo los implicados. En definitiva, Asturias acoge con ilusión el nuevo plan porque sintoniza plenamente con el trabajo que se ha venido desarrollando desde que fueron asumidas las competencias en materia de justicia.
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