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JOSÉ RAMÓN GARCÍA CAÑAL DIPUTADO DEL PP EN LA JUNTA GENERAL El consejero señor Buendía y el Gobierno del Principado no consiguen hacerse entender. ¿Cómo podemos decir que la gestión de los fondos mineros es torpe e ineficaz con lo bien que lo están haciendo? A los que venimos denunciando desde hace más de cinco años la situación nos recomiendan pedagogías de «Barrio Sésamo». Al resto, a leerlos para perderse en disquisiciones sobre cuándo un proyecto está parado o no. El soterramiento de Feve en Langreo (después de 7 años sin empezar), la «Y» de Bimenes y el túnel del Rañadoiro nunca estuvieron parados -según el señor Buendía-, porque técnicamente siempre tuvieron presupuesto. ¡Pues claro! Lo único que no falta en las actuaciones aprobadas por los fondos mineros es la financiación.
Para tratar de dar algunas claves del complicado entramado en el que los socialistas han convertido la tramitación de los proyectos de infraestructura a financiar con los planes de la minería el señor Buendía podría contestar a alguna de estas siete preguntas.
l Primera pregunta. El I Plan de la Minería destinó más de 1.200 millones de euros para Asturias en el período 1998-2005 a través de la construcción de diversas infraestructuras como autovías, carreteras, polígonos industriales, actuaciones educativas, turísticas y medioambientales. A día de hoy, octubre de 2009, sabemos que de los algo más de 600 millones de euros que correspondían a Asturias de las anualidades 2002-2005 parte no han sido gastados:
a) Por no haberse iniciado la ejecución de diferentes actuaciones como, por ejemplo, -entre las más significativas por el volumen de su presupuesto- el soterramiento de Feve en Langreo, el polígono industrial de Villallana, el parque escultórico de Barredo, la puerta de Asturias en Lena o los polígonos industriales de Caso, Sobrescobio, Degaña, La Cobertoria?
b) Porque, además de iniciarse con retraso, aún no han terminado y tienen importantes cantidades sin justificar ante el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (Instituto del Carbón) como la «Y» de Bimenes, el campus de Mieres, el túnel del Rañadoiro, el plan de vivienda joven, el plan de dinamización de Fuentes del Narcea, el parque de la fauna de Redes, el proyecto «Angliru-Base», el parque etnográfico de Quirós, la Ciudad del Motor de Tineo y diversos polígonos industriales y obras municipales.
El pasado verano, el consejero de Industria, tras una reunión mantenida con los sindicatos mineros, reconocía que estaban pendientes de justificar del cuatrienio 2002-2005 del I Plan unos 250 millones de euros.
La pregunta es sencilla: ¿cuántos millones de euros del I Plan no han sido ingresados en la actualidad por los enormes retrasos que padecen los proyectos acordados hace siete años?
l Segunda pregunta. En marzo de 2006 se aprobó el II Plan de la Minería 2006-2012 entre el Gobierno de España, los sindicatos mineros y el Gobierno del Principado. En su presentación se anunció que el nuevo plan tenía una mayor dotación económica para infraestructuras que el anterior, pasando el reparto de la totalidad de los fondos hacia las cuencas mineras asturianas del 53% al 57 % y, además, el Principado aportaría un 25% adicional de su propio Presupuesto.
Como quiera que a las comarcas mineras asturianas le correspondieron unos 160 millones de euros por año para obras de infraestructura en el I Plan de la Minería, aplicando un moderado crecimiento del 10% sobre la media anual del I Plan y añadiéndole el 25% adicional comprometido por el Principado, los fondos a destinar para Asturias por el nuevo plan no deberían ser inferiores a los 220 millones de euros por año.
La segunda pregunta es sencilla para comprobar si fueron ciertos los anuncios realizados a la presentación del II Plan: ¿de cuántos millones de euros se dispone para ejecutar obras de infraestructura en Asturias con cargo a las anualidades 2006, 2007, 2008 y 2009 del II Plan?
l Tercera pregunta. A estas alturas de 2009, de ser ciertas las promesas iniciales, deberían de haberse inyectado del II Plan en la economía asturiana en torno a los 900 millones de euros para la ejecución de proyectos de infraestructura. Como sólo se firmaron unos pocos convenios de las anualidades 2006-2007 desde el último trimestre de 2007 y durante 2008 y hasta 2009 se han firmado la mayoría de los convenios y pocas obras se han adjudicado, a partir de lo cual el Instituto del Carbón transfiere el 25% del total del coste de cada proyecto, la tercera pregunta es sencilla: ¿cuánto dinero se ha recibido del Instituto del Carbón a 30 de septiembre de 2009 de los aproximadamente 350 que correspondían a las anualidades 2006-2007? ¿Cuánto ha aprobado y ejecutado el Principado de su 25% adicional?
l Cuarta pregunta. Hasta la fecha no se ha firmado ningún convenio de proyectos a financiar con cargo a los aproximadamente 440 millones de euros de las anualidades 2008-2009. Como se lleva un retraso similar o mayor al que se produjo con las anualidades 2006-2007: ¿en cuántos meses más se incrementará la tardanza en la firma de los convenios financiados con las anualidades 2008-2009, lo que ampliará el retraso en la ejecución de nuevas infraestructuras?
l Quinta pregunta. El Instituto del Carbón se creó -entre otras razones- para ser el garante de que las aportaciones que se consignaran anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, una vez transferidas a dicho instituto, no se pudiesen retirar de no haberse ejecutado. Debido a los retrasos que se vienen produciendo en las diferentes actuaciones, la acumulación de tesorería en el Instituto del Carbón por los fondos del I Plan más las anualidades de 2006, 2007 y 2008 sin gastar ha hecho que el Ministerio de Economía no transfiriese las mensualidades de noviembre y diciembre de 2007 y todo el año 2008 al comprobar la existencia de remanentes suficientes (más de 1.500 millones de euros según la cuenta general de 2008).
¿Qué garantía se tiene para que en 2010, 2011 o 2012 y, dada la crítica disminución de ingresos del Estado, el Ministerio de Economía apruebe un crédito extraordinario para reintegrar la merma sufrida en 2008?
l Sexta pregunta. Como los retrasos en la ejecución de los proyectos de infraestructuras van de los dos años y medio a los seis años, teniendo en cuenta que la normativa que regula el II Plan alarga de 2012 a 2014 el plazo máximo de inicio de una obra para su financiación: ¿cuántos cientos de millones calcula el Gobierno que se pueden perder dado el actual retraso de tramitación?
l Séptima pregunta. Por si esto no fuera suficiente y para terminar de hacerse una idea de la torpeza e ineficiencia que no sólo afecta a los gobiernos de Zapatero y Areces, sino que la falta de tensión se ha generalizado a los ayuntamientos, vaya como ejemplo de gestión de lo que está pasando con las obras de los fondos la tramitación de un proyecto tan «complicado» como la «renovación de alumbrado público y mobiliario urbano» en Langreo por importe de 179.313,96 euros, cuya Alcaldesa presume de eficacia y de Ayuntamiento con medios técnicos adecuados.
Acta de la Comisión de Cooperación que aprueba la actuación: 05-10-2007.
Firma del convenio instituto-Principado: 22-07-2008.
Habilitación por el Principado de los fondos: primer trimestre de 2009.
Licitación por el Ayuntamiento: 24-07-2009.
A la vista de esto se me ocurre plantear una última cuestión: ¿cuál es la razón por la que los ayuntamientos pueden gestionar en plazo las obras del «plan E» de Zapatero o el «plan A» del Principado para el próximo año 2010 y no lo hacen con las de los fondos mineros? ¿Acaso es porque con los planes de la minería no ha habido penalizaciones a la mala gestión?
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