El proceso
Antonio Banderas compra una casa a Encarna Sánchez en 1997.
Parte del inmueble está construido de forma ilegal.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exige que se derribe la parte ilegal.
El ayuntamiento Marbellí solicita al TSJA una moratoria para el derribo hasta que se apruebe el PGOU. El TSJA no acepta la petición del Ayuntamiento.
Oviedo, Raquel L. MURIAS
Ocurrió en Marbella pero lo mismo podía haber pasado en Pola de Siero y, de hecho, ocurrió.
Antonio Banderas tendrá que demoler parte de su casa de Marbella y tendrá que hacerlo ya. De nada ha servido la petición del Ayuntamiento marbellí, que había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que aplazase la demolición de la construcción ilegal hasta que se finalizase la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El TSJ de Andalucía dice que no se puede justificar alegar al futuro PGOU para que no se ejecute una sentencia en firme y, además, pone como ejemplo un caso similar ocurrido en Siero.
En el caso sierense, el propietario de la parcela número 10 de la zona residencial de El Pontón, denunció a sus dos vecinos porque sus propiedades (una guardería y una vivienda unifamiliar) se habían construido a menos de tres metros de distancia de la suya, tal y como exigía la normativa del municipio. El propietario de la parcela 10 obtuvo dos sentencias favorables del Juzgado de Pola de Siero y una del Tribunal Superior de Justicia, que obligaban a derribar las dos edificaciones anexas. Pero el Ayuntamiento solicitó en 2005 que se permitiese a los propietarios de las edificaciones denunciadas no demoler hasta que no se aprobará la revisión del PGOU que se encontraba en fase de tramitación. El TSJ de Asturias dictó entonces dos autos favorables al Ayuntamiento, suspendiendo el derribo al menos de forma parcial, pero entonces el denunciante recurrió al Tribunal Constitucional que anuló los autos del TSJ de Asturias. Sin embargo las construcciones siguen en pie y según el concejal de Urbanismo, Julio Carretero, «ahora tenemos que presentar ante el juez un informe en el que se especifiquen las zonas que ahora, tras la revisión de 2006, están dentro de la legalidad y cuáles no. El procedimiento sigue», dice.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no quiere que casos como el de Siero vuelvan a ocurrir y por eso hace alusión a éste y otros similares en Vigo. Según declaró ayer a este periódico la abogada de los vecinos de la urbanización de Los Monteros (que denunciaron la ilegalidad de la casa de Banderas), Inmaculada Gálvez, «situaciones similares son muy comunes». La vivienda del actor malagueño está ubicada en la urbanización de Los Monteros. Antonio Banderas compró esta casa a la fallecida periodista Encarna Sánchez y según manifestó en varias ocasiones, él no sabía qué parte de la vivienda estaba construida sobre terrenos ilegales. Después de años de lucha y de solicitar moratorias para evitar el derribo de su propiedad, ahora el Tribunal de Justicia Andaluz dicta sentencia y hay que derribar, como en la Pola.