El Principado promete pagar el plus profesional a todos los funcionarios si le alcanza el dinero

Oviedo, Marcos PALICIO

Oviedo, M. P.

El Principado modificará los anteproyectos de ley que pretenden dar cobertura legal a la carrera profesional de sus funcionarios. Eso anunció ayer a los sindicatos, muy críticos con los textos, en dos reuniones que no clarificaron hasta qué punto se cambiarán las leyes, pero aclararon algunos aspectos de la postura de la Administración. Así, ante la petición de los sindicatos educativos de abrir un nuevo procedimiento de adhesión a la carrera para acoger a todos los trabajadores, incluidos los que en su día se quedaron fuera por no firmar su incorporación, la respuesta fue un sí condicionado: «Contestaron que lo estudiarían dependiendo de su disponibilidad económica», asegura Gumersindo Rodríguez, del sindicato ANPE. El Principado evitó hacer valoraciones.

Los representantes de la Administración capearon ayer las protestas de los sindicatos sin promesas demasiado concretas pero con compromisos de estudiar sus propuestas y de enmendar en lo posible los dos textos que fueron sometidos a discusión: uno para los docentes no universitarios y otro para el resto de los empleados públicos. El Gobierno regional, que volverá a reunirse con fuerzas sindicales esta semana, debe decidir también, entre otros aspectos, si acorta la duración de 29 años que propone para la carrera de los funcionarios no docentes.

La mesa general de función pública, que se reunió ayer y quedó convocada para mañana, mantuvo, a juicio de los sindicatos, «muchas preguntas en el aire». Manuel Nieto, de Comisiones Obreras, deja claro que el anteproyecto de ley de carrera profesional para los funcionarios no docentes «no nos gustaba» antes de discutirlo con el Gobierno; después, tampoco. No salió del encuentro «ni satisfecho ni insatisfecho». Expectante, porque «el texto está modificándose», apunta, y el Principado se ha comprometido a presentarles mañana el resultado de esas enmiendas.

Además de en posición de alerta, en UGT se dicen ya «preocupados y decepcionados». Las reclamaciones mantienen la discrepancia concentrada en tres puntos. No comparten, por un lado, la estructura de la carrera en cinco categorías con una duración total de 29 años, que consideran excesiva. Además, echan de menos un período transitorio que aclare cómo organizar el acceso de los trabajadores que ya cumplen los requisitos para entrar en uno de los niveles de la carrera y rechazan que sea la Administración, como recoge el anteproyecto, la que se arrogue la potestad de valorar económicamente cada tramo y especifique los criterios de ascenso de uno a otro. Sobre este último punto, según las fuerzas sindicales, la Administración asiente. «A pesar de que la ley dice lo contrario», se sorprende Luis Ángel Ardura, de UGT, «en la reunión reconocieron que la definición de los planes de evaluación del desempeño -el procedimiento de valoración del rendimiento que regula el paso de niveles- debe ser negociada entre Administración y sindicatos».

Ardura lamenta el comportamiento «demagógico» de los representantes de la Administración y se dice «preocupado» porque el Gobierno regional «no movió ficha». Escucharon, recogieron las propuestas y no disiparon la inquietud de los sindicatos «porque siguen insistiendo en que es lo que hay». Y lo que hay no les gusta. Según Ardura, «no se puede diseñar, sin negociarlo, un modelo en el que se nos cuela una carrera de 29 años, diferente de las demás y en la que, por ejemplo, un trabajador con 50 años y una antigüedad de 30 no podría llegar al nivel máximo».

En la mesa sectorial de Educación, mientras tanto, el principal escollo fue el trato diferente que el anteproyecto de ley dispensa a los trabajadores que se adhirieron a la carrera y ya están cobrando los pluses respecto al resto de los docentes. El texto mantiene la exigencia de la adhesión voluntaria como requisito de acceso a la carrera y excluye a los trabajadores que no están cobrando los pluses, criticaron los sindicatos. Ayer, en la mesa sectorial, además de pedir la extensión de la carrera a todos, hubo quien reclamó «la retirada del proyecto». Lo hizo CC OO, que no aceptará nada que no sea «cumplir el acuerdo del 27 de diciembre de 2006 y que todos los trabajadores cobren con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2007». La mesa sectorial vuelve a reunirse el viernes para que el Principado presente a los sindicatos el nuevo texto reformado.

Los profesores de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) a los que el Principado retiró en la nómina de septiembre un complemento de 134 euros, como máximo, protestarán mañana en una manifestación convocada para las cinco y media de la tarde ante la sede de Educación. Los trabajadores denuncian que la Administración rompió «unilateralmente» un acuerdo del año 2001 y rebajó las nóminas de unos cuatrocientos profesores al conocer una sentencia que reconocía a un docente de Secundaria el mismo derecho a percibir el complemento que tienen sus compañeros del primer ciclo de la ESO. El suplemento se acordó en su día para compensar a los profesores de Primaria su cambio de status por el paso a la ESO tras la reforma de los ciclos educativos.

El Principado decidió retirar el plus, afirman los sindicatos, acogiéndose a la literalidad de la redacción de la sentencia, en la que se reconoce la obligación de abonar el complemento también a los profesores de Secundaria «si el pago se mantiene». Los trabajadores afectados celebraron ayer una asamblea en la que resolvieron iniciar movilizaciones, así como presentar una reclamación sobre nómina ante la Administración. Paralelamente, sigue su curso la petición de la extensión de la sentencia a todos los profesores de Secundaria que reclamen el cobro de ese plus.