«Se percibe una mejoría en la crisis, como si una rueda parada empezase a girar»

FRANCISCO MÁLAGA DIÉGUEZ. ABOGADO ASTURIANO DEL BUFETE LINKLATERS, EXPERTO EN DERECHO PROCESAL Oviedo, Luján PALACIOS
Francisco Málaga Diéguez (Gijón, 1970) es uno de los jóvenes abogados con más proyección en España. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, atesora una dilatada carrera profesional plagada de éxitos, con reconocimientos como el premio «40 under 40», que organiza Iberian Lawyer en colaboración con UNICEF y que premia a los cuarenta mejores abogados españoles y portugueses menores de cuarenta años. Acaba de ser nombrado socio director del área procesal del prestigioso despacho Linklaters en España, y seleccionado en 2008 y 2009 por la guía especializada Best Lawyers como uno de los mejores abogados españoles en el área de práctica de procesal, un terreno en el que, afirma, son necesarios más especialistas.

-¿Qué supone para usted entrar a formar parte de un bufete tan prestigioso como Linklaters?

-Creo que constituye un claro avance en mi carrera profesional, tanto por la proyección y prestigio del despacho a nivel mundial como por la responsabilidad de mi nueva posición. Según mi opinión, ser director del área de derecho procesal en España en una firma como Linklaters es un auténtico privilegio para cualquier procesalista.

-Usted es un ejemplo de asturiano que ha triunfado fuera de Asturias. ¿Qué opina acerca de esta «fuga de cerebros»? ¿Qué falla en Asturias?

-Por un lado, tengo la sensación de que el tejido empresarial de nuestra región no puede absorber a todos los profesionales que genera una Universidad de primer nivel como la de Oviedo. Es un fenómeno que, por desgracia, se repite en muchas regiones europeas. Por otro lado, como asturiano lamento tener que decirlo, muchos tenemos la sensación de que nuestra región no se ha preocupado como debiera de retener el talento, ni en el ámbito privado ni en el sector público, a diferencia de lo que ocurre en comunidades autónomas como Madrid, el País Vasco o Cataluña.

-¿Cómo influye la crisis en el aumento de la litigiosidad?

-En toda crisis económica la actividad procesal se dispara, y la complejidad y riqueza técnica de los problemas técnico-procesales aumenta. Hay que pensar en todas las empresas que se han visto obligadas a refinanciar su deuda o a irse a concurso, o en el aumento de la morosidad comercial, los conflictos contractuales, las ejecuciones hipotecarias... Si a todo ello le sumamos que en nuestro país hay una cierta tendencia al enfrentamiento judicial, en contraposición con otros, en los que predomina el pacto o transacción, no es raro que estemos atravesando una etapa de gran actividad en nuestro sector.

-La práctica procesal es un área de alta especialización, ¿tiene un nuevo mercado por abrir en España?

-Efectivamente. La especialización en materia procesal ha sido la asignatura pendiente en nuestro país. Sorprendentemente, a día de hoy siguen siendo escasos los despachos que cuentan con un equipo realmente especializado en materia procesal y concursal, y con una experiencia dilatada en la dirección de procesos complejos. La consecuencia, en mi opinión, es que existe un nicho de mercado muy importante para un grupo que ofrezca ese conocimiento y demuestre solvencia técnica en el día a día y en los tribunales.

-¿Hacen falta más especialistas en este campo?

-Sin duda alguna. No se imagina lo difícil que es encontrar abogados especialistas en derecho procesal. A mi juicio, la razón de ello es que existen muy pocos programas de posgrado en esta materia, y la mayor parte de los que hay están poco orientados a la práctica.

-¿Los procesos concursales de acreedores suponen realmente el fin para las empresas que se enfrentan a ellos o pueden suponer un resurgimiento?

-El proceso concursal es una solución óptima para muchas empresas, porque les permite «parar el reloj», sanearse y pactar con sus acreedores una reducción de su deuda y un calendario razonable de pagos. En mi experiencia el fracaso de los concursos no tiene que ver con su coste ni con su tramitación, sino con problemas estructurales que la empresa ya arrastraba antes de declararse insolvente y que a la postre se revelan insuperables, pero incluso en estos casos el concurso puede ser una fórmula idónea para llevar a cabo una liquidación ordenada en la que todos los acreedores reciban un trato paritario. El problema radica en que otras empresas no deberían nunca acudir a un expediente concursal, porque no es la solución óptima para ellas, ya sea por su pequeño tamaño, por la estructura de su deuda, por cuestiones reputacionales... Existen otras soluciones de naturaleza extrajudicial para estos casos que son mucho más recomendables. Es aquí donde el concurso puede resultar incluso nocivo.

-Por su experiencia, ¿cuántas logran salir adelante?

-Muchos concursos terminan con la aprobación de un convenio, máxime cuando el diagnóstico inicial es acertado y la actividad de la empresa tiene salida en el mercado, y otros muchos terminan con la continuidad de una o varias líneas productivas, una reducción de costes, de estructura...

-Usted está en contacto con muchos empresarios, ¿qué ecos percibe de ellos en cuanto a la evolución de la crisis?

-Hasta hace unos meses la sensación generalizada era de desánimo. Nadie recordaba una crisis de las dimensiones de la que estamos atravesando. Sin embargo, de unos meses para acá se percibe una clara mejoría en muchos sectores, como si una rueda que había estado parada hubiera empezado de nuevo a girar. Creo que tenemos que ser optimistas y mirar con ánimo hacia el futuro, porque la crisis tiene también un componente psicológico.

-¿Cuáles son los principales problemas de la abogacía en España?

-Problemas hay muchos, pero yo destacaría el de la formación. A diferencia de lo que ocurre en la práctica totalidad de los países comunitarios, en España cualquier licenciado en Derecho puede abrir un bufete sin ningún tipo de formación profesional para el ejercicio de la profesión. Confío en que la entrada en vigor de la ley de acceso a la abogacía ponga por fin remedio a esta situación tan excepcional como lamentable.

«La especialización en materia procesal es la asignatura pendiente en nuestro país, son escasos los despachos que cuentan con experiencia»

Francisco Málaga es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1993) y Premio Nacional de Licenciatura. Asimismo, obtuvo el doctorado por la Universidad de Bolonia -Colegio Mayor de San Clemente o de los Españoles- (1996) y también por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (1998). Fue premio extraordinario de doctorado. Es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Pompeu Fabra (desde el 2002 hasta la actualidad). También ha sido magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona (2000-2003) y abogado de la firma Cuatrecasas desde 2003 hasta 2009. Acaba de incorporarse al prestigioso bufete Linklaters en su sede de Madrid, donde dirigirá el área de derecho procesal.