El Principado cede y dará opción a todos los funcionarios a cobrar la carrera profesional

Oviedo, Marcos PALICIO

El Gobierno del Principado abrió ayer la puerta de la carrera profesional a todos los funcionarios que no están cobrando los complementos retributivos a pesar de cumplir los requisitos de acceso. Ésa es la contraoferta, vestida de concesión a las demandas sindicales, que la Administración autonómica puso ante los sindicatos en la mesa general de la función pública. El Ejecutivo regional se compromete, según reconocen los representantes de los trabajadores, a modificar el anteproyecto de ley de carrera horizontal incluyendo la apertura de un proceso para incorporar a aquellos empleados que tienen derecho a cobrar los pluses asociados a esta escala de promoción profesional, pero que actualmente no los están cobrando. Se trata de un colectivo en el que se incluyen los funcionarios que en su día decidieron voluntariamente no suscribir su adhesión al modelo de carrera ideado por el Principado debido a su desacuerdo con él y los que no habían cumplido cinco años de antigüedad en el momento en el que comenzaron a abonarse los pagos -en enero de 2007-, pero que sí los tienen ahora. No figura el personal interino y queda en el aire la situación de los trabajadores trasladados desde otras comunidades que acreditan antigüedad fuera de Asturias.

Los sindicatos pidieron esta misma semana que la carrera se amplíe a todos los trabajadores que cumplen los requisitos para cobrarla. La Administración pidió tiempo para echar cuentas y ver si alcanzaba el dinero. Ahora se confirma que se pagará. Esta solución, que abriría el procedimiento el 1 de enero de 2010, mantiene la exigencia de adhesión vinculada a la evaluación profesional que han cuestionado algunos sindicatos y que en buena medida dio lugar al recurso contra el proyecto de carrera del Principado y a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que tumbó aquel plan. Nace, además, sin carácter retroactivo, tal y como anunció el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, en el pasado debate de orientación política. Esto supone que los nuevos perceptores de los complementos sólo cobrarían a partir de su admisión efectiva en el proceso, una vez superado el proceso de evaluación.

La medida expone al Principado a un desembolso máximo de seis millones de euros al año adicional a lo que ahora le cuesta la carrera profesional -más de 22- y afectaría a unos 2.200 trabajadores si se incluyen los docentes no universitarios, a cuyos representantes sindicales el Gobierno hará hoy, previsiblemente, esta misma propuesta en la reunión de la mesa de educación.

Ayer, de momento, los sindicatos de la mesa general acogieron el nuevo giro de la negociación mezclando el optimismo por el avance con algún reparo asentado sobre el trecho que queda por recorrer. Manuel Nieto, de Comisiones Obreras, discrepa sobre la fecha de comienzo del proceso para admitir a todos los funcionarios, que habría preferido más inmediata, y tanto él como Luis Ángel Ardura, de UGT, siguen rechazando el anteproyecto de ley porque deja sin resolver el resto de sus discrepancias: la duración, a su juicio excesiva, de la carrera -cinco categorías que suman 29 años- y la ausencia de un período transitorio que clarifique cómo pueden acceder a ella los trabajadores que ya cumplen los requisitos para entrar en uno de los tramos propuestos, entendido como «un procedimiento extraordinario que diera la posibilidad de entrar de otro modo».

La apertura de la carrera a todos los que cumplen los requisitos supone «un cambio sustancial que nos interesaba mucho a todos», afirma Ardura, que, sin embargo, sigue echando de menos otras modificaciones. Es para él «especialmente irrenunciable» la demanda del período transitorio y por eso hizo en la reunión una contraoferta consistente en aplazar la negociación de este punto, pero exigiendo a cambio el compromiso formal de la Administración de abordarlo «en el ámbito de la nueva ley de Función Pública». Este texto está en proceso de tramitación y sobre él, advierte Ardura, «hay un mandato de la Junta General del Principado para que el Gobierno presente el anteproyecto antes de diciembre de 2010, aunque podemos conseguir que entre en el Parlamento a mitad de año». A esta petición respondió la representación del Principado, encabezada por el director general de Función Pública, Daniel Álvarez, que no tenía potestad para responder en aquel momento y que contestaría en la próxima reunión de la mesa general, convocada para el próximo martes.

Con respecto a la duración de la carrera profesional, UGT y CC OO siguen rechazando los 29 años que alejan a su escala de la carrera profesional de la sanidad, en la que únicamente se exigen veinte años para llegar al nivel máximo. Este modelo sigue suponiendo, afirman, una suerte de «hipoteca» para muchos trabajadores a los que, por edad, les va a resultar imposible alcanzar la categoría más alta.