Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
Asturias es la tercera comunidad autónoma española que tiene a su cargo menos empresas públicas, con un total de 63, diez más que hace cinco años. Sólo están por debajo Cantabria, con 59 sociedades, y La Rioja, que tiene 30, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Este ranking, liderado por Cataluña (322) y Andalucía (298), fue citado ayer en la Junta General del Principado por el diputado socialista Álvaro Álvarez para defenderse de las acusaciones del PP sobre un presunto uso abusivo e irregular de estas entidades, a las que, una vez más, la diputada Alejandra Cuétara calificó de «chiringuitos socialistas».
El Parlamento regional, con los votos en contra de PSOE e IU, tumbó en el Pleno de ayer una moción presentada por Cuétara que, según explicó la diputada riosellana, permitiría un ahorro de 200 millones anuales «a partir del redimensionamiento de las empresas públicas autonómicas». En líneas generales, el PP planteó la «reducción del número de altos cargos en las fundaciones y entidades del Principado; evitar que estas empresas compitan de forma desleal con el sector privado; repensar la viabilidad de muchas de sus actividades; garantizar la transparencia en todas las actuaciones, y favorecer un mayor uso de los mecanismos de contratación pública que favorezcan la competencia y persigan el ahorro».
Para Cuétara, estas medidas son «muy necesarias» en un momento de serias dificultades económicas. «Hay que dejarse de cargar mariscadas al talonario público y sacrificar al enchufado en lugar de a los ciudadanos en situación de desempleo», enfatizó la diputada del PP, quien emplazó al Gobierno regional a «rendir cuentas» sobre lo que calificó de «tinglado burocrático de chiringuitos».
El socialista Álvaro Álvarez calificó de «demagógica» la intervención de Cuétara, retándola a que «diga claramente cuáles son las entidades públicas que deben de desaparecer o privatizarse». «¿Hay que acabar con el 112, con Bomberos, con el Idepa?» preguntó el portavoz del PSOE mirando a la bancada popular, para, a continuación, garantizar que «en el Presupuesto regional habrá una restricción del gasto corriente» en aras de «una gestión lo más austera posible» de unos servicios públicos que calificó de «necesarios» para el Gobierno y para la región.
Para IU, «detrás de la propuesta del PP no hay más que un componente ideológico de descalificación del sector público». Su coordinador y portavoz parlamentario, Jesús Iglesias, señaló que el «verdadero objetivo» del plan de austeridad económica defendido por Alejandra Cuétara es «la defensa del sacrosanto libre mercado y la desaparición del sector público». A su juicio, «lo que no se puede hacer es privar al Gobierno de unos elementos que resultan imprescindibles para trabajar con eficacia, proponiendo la desaparición de todos sus organismos con la única excepción de los de salud (Sespa) y los residenciales para personas mayores y dependientes (ERA)».
