El Principado acepta negociar con los sindicatos la nueva ley de función pública

Oviedo, Raquel L. MURIAS

El Gobierno regional se comprometió ayer con los sindicatos de la mesa general de negociación a redactar un documento según el cual la Administración negociará todas las bases sobre las que se asentará la nueva ley de la función pública, donde se regulará la polémica carrera profesional. En Asturias, 14.000 funcionaron perciben estos pluses, pagos a los que se destinan 22 millones de euros al año.

La mesa general, donde negocian UGT, CC OO y el sindicato sanitario CEMSATSE, no quiere que la nueva ley deje ningún fleco suelto y exigen al Principado a que se comprometa, por escrito, a negociar. Los sindicatos de la mesa general no están de acuerdo con que la carrera profesional se organice en cinco tramos con una duración de 29 años y que continúe sin tener un plan transitorio que especifique qué han de cumplir aquellos funcionarios que ya disponen de los requisitos establecidos para incorporarse a alguna de las categorías.

Ahora el Principado cede ante los sindicatos y el jueves presentará, en una nueva convocatoria de la mesa general, y ya van cuatro con ésta, el documento que garantizará las negociaciones con los sindicatos. Según explicó ayer Manuel Nieto, de CC OO, «una vez tengamos el documento lo analizaremos y lo estudiaremos para ver si lo firmamos o no».

Aunque la oferta por parte del Principado de extender el cobro a todos los funcionarios que cumplen los requisitos de acceso a la carrera profesional ha acercado posturas entre sindicatos y Administración, las centrales quieren dar un paso más. Miguel Ardura, de UGT, que también estuvo ayer en la mesa general, afirmó que «de lo que se trata es de que podamos llegar a acuerdos con el Principado en los temas que han quedado pendientes antes de que se apruebe la nueva ley de función pública». La negociación para dar base legal a la carrera profesional no está resultando sencilla. El visto bueno del Principado a permitir a todos los funcionarios acceder a los pluses, ha limado alguna de las diferencias más graves, aunque mientras las negociaciones con la mesa general avanzan, las de la mesa sectorial de educación siguen estancadas. Con esta ampliación 2.200 empleados más se adherirán a la carrera, que costaría 6 millones de euros más al año.