Gijón,
Franco TORRE
«Nos pasaron a un cuarto muy sucio y allí una gendarme nos informó de que si queríamos acceder a la cárcel debíamos desnudarnos por completo». Así explicó ayer la sierense Ana García lo que le sucedió, junto a otra cooperante asturiana de la ONG Soldepaz Pacahakuti y a una ciudadana chilena de la tribu de los mapuches, cuando, hace una semana, trató de acceder a la prisión de Victoria, al sur de Chile. Su propósito era visitar al preso político Juan Carlos Huanchulao.
Las cooperantes viajaban en una delegación internacional que verificaba el respeto a los derechos humanos de los presos mapuches en las cárceles chilenas. De esta delegación forman parte otros dos miembros asturianos de Soldepaz y un equipo de grabación, igualmente del Principado, que está realizando un documental sobre la aplicación de la ley antiterrorista. La comitiva visitó varias prisiones de la región de la Araucania entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, una ruta que concluía en Victoria.
«Al entrar en la cárcel, ya vetaron el ingreso del equipo de grabación», señaló ayer, vía telefónica, el sierense Javier Arjona, que encabeza una comitiva asturiana que aún se encuentra en Chile. «Ya en el interior, nos recibió el mayor de Carabineros, que en un primer momento fue correcto», relató el cooperante. No obstante, a la hora de acceder a las celdas, dividieron al grupo. «Por un lado nos metieron a los dos hombres, y por el otro se llevaron a las mujeres». Los varones pasaron sin problemas, pero ellas fueron obligadas a desnudarse por completo para acceder al presidio.
«Cuando protestamos y aludimos al hecho de que formábamos parte de una comitiva internacional, la gendarme nos dijo que precisamente por eso estábamos teniendo mejor trato que el que recibían normalmente las visitas, que eran registradas de manera aún más concienzuda», señala Ana García. Tras la visita, las cooperantes denunciaron el trato recibido por la Gendarmería ante el Consulado español, mientras que la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierdas, que había organizado las visitas, interpuso una denuncia ante el Gobierno de Michelle Bachelet por «trato vejatorio y denigrante».
