Oviedo, Marcos PALICIO
Los sindicatos de la enseñanza llegan a la última fase de la negociación sobre su proyecto de carrera profesional divididos y blandiendo la amenaza de la movilización. Ayer, la tercera reunión de la mesa sectorial de educación sólo detectó avances en las dos brechas que ya estaban abiertas, la de las fuerzas sindicales entre sí y la de algunas de ellas con el Principado. La Administración, denuncian sus más vehementes antagonistas, no llevó al encuentro de ayer ninguna oferta nueva ni se mueve de su última postura, abrir desde el 1 de enero un nuevo proceso de evaluación al que se vincularía el pago de los complementos retributivos a los funcionarios que no los están cobrando, pero sin efectos retroactivos.
Aquí está el problema. SUATEA y CC OO siguen reclamando, frente a ANPE y UGT, que el pago de los pluses a todos los funcionarios tenga efectos desde del 1 de enero de 2007, el momento en el que empezaron a cobrar los 14.000 trabajadores que se adhirieron a la carrera. El punto de fricción está en los 2.200 excluidos, los que no firmaron o no cumplían el requisito de antigüedad. Pagarles desde 2010 elevaría en seis millones anuales la factura actual de 22.
La «discriminación» que observan SUATEA y CSIF en el plan del Principado les lleva a mantener su convocatoria de manifestación para el martes en Oviedo y a buscar apoyos en el marco de la junta de personal docente, que se reúne hoy. CC OO valora su respaldo una vez que ayer se ofreció para «negociar incluso un pago aplazado» y recibió el no de la Administración, que replica con la existencia de impedimentos legales para el pago retroactivo. SUATEA, sin embargo, sostiene que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha paga así a sus funcionarios tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos.
De la postura menos beligerante responden ANPE y, sobre todo, UGT. Indalecio Estrada (UGT) censura el «"cuanto peor, mejor" de SUATEA, la única fuerza que plantea permanentemente cuestiones variopintas para que no se avance» y ve a la mesa sectorial «cada vez más cerca del acuerdo». Éste se alcanzaría con el asentimiento de dos sindicatos y deberá ser ratificado en la mesa general. ANPE pone condiciones. Quiere un compromiso escrito para negociar la duración de la carrera, las cuantías o los planes de evaluación y que el pago a los que no cobran se abra el 1 de enero y no, como pretende el Principado, cuando concluyan las evaluaciones que arrancarán en esa fecha.
La Administración espera que ese acuerdo salga de la próxima reunión de la mesa, el martes, el mismo día de la movilización.
