Oviedo, J. A. ARDURA
«87.857,70 euros brutos» repartidos en 14 pagas. El consejero de Economía, Jaime Rabanal, desveló ayer el sueldo de Santiago Caicoya, gerente de la empresa Sedes, constructora participada mayoritariamente por el Principado, la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y Cajastur. Un sueldo sobre el que han corrido ríos de tinta, ante la negativa de Caicoya a revelar su cuantía en la Junta, donde ha comparecido hasta en cinco ocasiones en lo que va de legislatura.
El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons le preguntó en varias ocasiones a Caicoya su sueldo al entender que debía ser público, dado que se trata de una sociedad controlada por la Administración regional. La última de esas comparecencias se produjo el pasado mes de junio y la respuesta de Caicoya fue que su negativa a revelar el sueldo obedecía a motivos estrictamente personales.
El parlamentario del PP preguntó ayer a Rabanal si el Gobierno asturiano había dado alguna consigna a los directivos de las empresas y sociedades públicas para que no dieran datos de su salario ante las preguntas formuladas en la Comisión de Economía del Parlamento regional. Rabanal negó la mayor: no hubo tales consignas desde el Ejecutivo. El Principado, además, señaló que de los 59 altos cargos del sector público regional que comparecieron en la Junta General del Principado, nueve se negaron a revelar su sueldo, 22 dieron la cifra exacta y el resto respondió que el importe de sus emolumentos figura en los Presupuestos regionales y en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA).
«El Gobierno de Asturias es transparente y cumple con las obligaciones que tiene con este Parlamento», manifestó Rabanal en respuesta a la batería de preguntas realizada ayer por Cuervas-Mons, en el Pleno de la Junta General. El diputado popular acusó al Ejecutivo regional de permitir que Sedes «sea una empresa pública en rebeldía total», por negarse a dar información a la Sindicatura de Cuentas y al Parlamento regional. A juicio de Cuervas-Mons, «las empresas públicas no son su corralito y ustedes, en algunas cuestiones, no quieren enterarse de que estamos en una democracia y que el 60 por ciento del capital de Sedes es público y en lo público no valen secretos».
Al consejero de Economía le tocó ayer lidiar con seis puntos del orden del día, incluidos todos a petición del PP. Ramón García Cañal le pidió explicaciones sobre cómo afectará a los ingresos del Principado la sentencia que anula el reglamento del impuesto a las grandes superficies comerciales. Cañal sostiene que esa sentencia «deja en el aire 42 millones de euros» y dijo tener un documento en el que el Principado admite que podría perder 35 millones de prosperar las reclamaciones judiciales pendientes. Rabanal rechazó todos esos argumentos. «La sentencia anuló el reglamento, por un defecto de forma que reconocemos, pero no el impuesto», afirmó el Consejero quien redujo a 3,5 millones la cantidad a devolver por el Principado si se anula ese tributo. Y anunció que el Ejecutivo tendrá listo el nuevo reglamento de Comercio, que propició la sentencia contraria al Principado, en noviembre.
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