«España aún no diferencia el tráfico de personas de la inmigración ilegal»

JOAQUÍN ANTONIO SÁNCHEZ-COVISA VILLA Fiscal de sala coordinador de extranjería de Madrid

Oviedo, Luján PALACIOS

Joaquín Antonio Sánchez-Covisa Villa (Madrid, 1952) es el fiscal de sala coordinador de extranjería en Madrid. Desde el año 2000 es fiscal de la fiscalía del Tribunal Supremo. Ha sido el director de las jornadas de extranjería que ayer se clausuraron en Oviedo, en las que se subrayó la importancia de proteger a las víctimas de redes de trata de seres humanos.

-¿A qué conclusiones han llegado en estas jornadas?

-Los fiscales de extranjería mantenemos estas reuniones una vez al año para analizar la multitud de problemas que nos surgen a la hora de aplicar el Código Penal y la ley de extranjería. Hay cuestiones como la trata de seres humanos que generan una problemática extraordinariamente grave, y cada año tratamos de buscar criterios comunes.

-¿Qué problemas genera la trata de seres humanos?

-En primer lugar, conviene aclarar que la convención contra el crimen organizado tiene dos protocolos fundamentales, que diferencian la trata de seres humanos del delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Son dos entidades distintas: la trata es un atentado contra los más elementales derechos humanos, porque significa la captación y retención de una persona exclusivamente con la finalidad de explotarla sexual o laboralmente o para extraerle los órganos, y porque se realiza a través de unos medios de fuerza y engaño. En el Código Penal español se confunden el tráfico ilegal y la inmigración clandestina, y por ello es muy necesario el proyecto de reforma del Código que va a tipificar expresamente la trata para proteger a las víctimas.

-¿De qué manera se protegerá a las víctimas de la trata?

-El gran problema que hay para la trata de seres humanos es que las víctimas, necesariamente, tienen que tener un estatus de protección especial para que puedan favorecer la investigación. Las víctimas tienen más miedo a las bandas y redes traficantes de seres humanos que a la Policía y a los jueces; es muy difícil que colaboren si no se les da un abanico de protección para que cojan confianza.

-¿Cómo se logra?

-La UE lo ha hecho a través de una directiva, estableciendo un período de reflexión para la víctima. Normalmente, necesita superar la situación de tortura a la que ha sido sometida. La dificultad reside en que para la legislación española la víctima es considerada inmigrante ilegal, e inmediatamente se les abre un expediente de expulsión. Aquí surge el conflicto, porque, ante todo, son víctimas, y es muy necesario que estén protegidas y se les dé toda la asistencia posible.

-¿Hacen falta más medios para identificar a estas víctimas?

-En España lo están haciendo muchas organizaciones no gubernamentales. Son las que pueden acercarse y ganarse su confianza. En este sentido, la fiscalía mantiene con estas organizaciones un contacto frecuente para poder localizar a las víctimas, y esto se contempla también en el proyecto de reforma de la ley de extranjería.

-¿Y en cuenta a la explotación laboral de los inmigrantes?

-En el caso de España, no es tan preocupante como sucede con la trata de personas. Sí, hay explotación laboral, pero hay que distinguir la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de los abusos que se puedan producir sobre los inmigrantes.

-¿Qué aspectos resaltaría de la reforma de la ley de extranjería?

-Me parece muy positiva la reforma del artículo que se refiere a los menores no acompañados. Se han recogido las sugerencias de los fiscales para que estos menores tengan garantías jurídicas suficientes en los procedimientos de repatriación, que puedan ser asistidos.

-Se ha criticado que la reforma de la ley suponga ampliar el plazo de internamiento.

-Yo no soy tan crítico en este punto, no me parece excesivamente grave, lo que me preocupa es que los fiscales, cuando informen, no agoten los plazos, sino que señalen el plazo imprescindible.

-También ha levantado quejas porque dificulta el reagrupamiento familiar.

-Sólo puedo decir que es acorde con las normas comunitarias.