Oviedo
La gestión de Caja Castilla La Mancha bajo la presidencia del socialista Juan Pedro Hernández Moltó, que derivó en la primera intervención de una entidad española durante inacabada crisis financiera internacional, provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de José María Barreda (PSOE) y la oposición del PP que no ha perdido intensidad con el paso de los meses. Los populares castellano-manchegos exigen desde hace meses la creación de una comisión investigadora en las Cortes de Toledo y responsabilizan al presidente Barreda y a su Gobierno de haber inspirado operaciones de crédito de alto riesgo e inversiones de CCM que dañaron gravemente las cuentas de la entidad.
La agitación política ha alcanzado al proceso abierto por el Banco de España para dar salida, mediante la fusión con otras entidades, a la caja manchega. Dirigentes del PP recibieron con fuertes críticas la opción de que la caja vizcaína BBK absorbiera a Caja Castilla La Mancha. Tales dirigentes han llegado a denunciar que la absorción de CCM por la caja vasca formaba parte de las compensaciones negociadas por el PSOE con el PNV para pactar los Presupuestos Generales del Estado de 2010. El PNV tiene una posición de control en BBK gracias a la representación de las entidades fundadoras: la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, ambas gobernadas por los nacionalistas.
Hasta ahora, las cajas que más han sonado como candidatas del Banco de España a hacerse con la castellano-manchegas (la vasca BBK, la aragonesa Ibercaja y la asturiana Cajastur) pertenecen a comunidades con gobiernos del PSOE. Las diferencias de color político se han señalado como uno de los obstáculos de delicada solución ante las fusiones entre cajas de comunidades autónomas distintas. Una información divulgada ayer por el diario «El País» añade a los nombres citados los de Caja Madrid y Unicaja como teóricos aspirantes a la integración de CCM.
