Oviedo, J. A. ARDURA
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de dictar una sentencia que complica el enrevesado proceso judicial de la carrera profesional de los funcionarios en Asturias. Si meses atrás los magistrados tumbaron una resolución de Hacienda que establecía las condiciones para acceder a la carrera profesional, ahora han declarado nula otra resolución, en este caso de la Consejería de Administraciones Públicas, adoptada en diciembre de 2007, que permitió iniciar el pago de estos pluses a los empleados públicos.
Esta sentencia abre la puerta a que los funcionarios tuvieran que devolver el dinero cobrado por ese concepto, aunque por ahora ninguna de las partes implicadas en este proceso ha exigido dicha devolución mediante la ejecución de la sentencia, según fuentes judiciales.
Esta sentencia supone el primer pronunciamiento judicial contra la resolución del Gobierno regional que permitió iniciar el pago del complemento de productividad a los funcionarios de la Administración regional a cuenta de los derechos económicos correspondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profesional. Hasta ahora, los jueces habían declarado nula la resolución de la Consejería de Hacienda que establecía las condiciones para que los funcionarios pudieran cobrar la carrera profesional. El Principado, pese a la existencia de esa sentencia, continuó abonando la carrera profesional porque UGT recurrió al Tribunal Supremo.
La nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dictada el 7 de octubre y notificada el pasado viernes, da la razón a 140 profesionales de la educación pública asturiana que se consideraban afectados por la resolución del Principado. Los docentes, representados por el abogado Carlos Álvarez-Buylla, se consideraban víctimas de una discriminación retributiva porque ganan menos que otros compañeros que realizan idéntico trabajo. En primera instancia, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo desestimó la pretensión de los 140 docentes, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia ha declarado nula la resolución de Administraciones Públicas. Esta sentencia, ya firme plantea, según fuentes judiciales, dudas sobre si el Principado debe seguir pagando la carrera profesional.