Oviedo, Marcos PALICIO
«Más que mover dinero adelante o atrás, lo que queremos es que se ponga orden en todo este desmán». Cierto agrado convive con mucha indignación cuando hablan algunos de los 140 docentes a los que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de dar la razón al anular la resolución del Principado que dio inicio a los pagos de los pluses de la carrera profesional. El fallo deja en el aire la posible anulación del cobro de los 14.000 funcionarios que en su día se adhirieron a la carrera y abre la puerta a la posibilidad de que una solicitud de ejecución de la sentencia obligue a devolver el dinero.
Los denunciantes, profesores de distintos centros que no firmaron su incorporación a la carrera, se rebelaron contra la «discriminación» que sufren frente a sus colegas que sí cobran y sostienen que su acción en los tribunales no va contra nadie. Sólo pretenden que «se respete la legalidad, las cosas se hagan bien y no hagan firmar cheques en blanco a nadie», afirma un profesor de un instituto de Gijón, partidario de solicitar la ejecución de la sentencia.
Él y otros denunciantes asistieron ayer en Oviedo a una concentración de los sindicatos SUATEA y CSIF que contó con el apoyo de CC OO y tras la que los manifestantes, cerca de un centenar, presentaron en el registro del Principado una carta dirigida al presidente regional. En ella, hacen partícipe a Álvarez Areces del «estupor y el desánimo» que sienten los profesores que no cobran los pluses y denuncian «un agravio comparativo en materia salarial» en el que «unos docentes cobran un sustancial complemento y otros no a cambio de exactamente el mismo trabajo». Acusan al Ejecutivo de Areces de «no asumir el alcance de una sentencia -la que en junio declaró nulo el desarrollo de la carrera- que, recuerde, decidió no recurrir» e invitan al presidente a «dar un giro de 180 grados».
Los convocantes se oponen también al proyecto de ley elaborado por el Principado para dar cobertura legal a los pluses, un texto que, a juicio de Beatriz Quirós (SUATEA), «consagra otra vez el agravio comparativo». «Creemos que la justicia va a obligar a la Administración a pagar a todos por igual», le acompaña Gerardo Domenech (CSIF), para quien la flexibilización de la postura del Gobierno de no contemplar el pago retroactivo a todos desde 2007 «es más cuestión de voluntad política y de cabezonería que de una cantidad de dinero». Domenech ilustra con su caso la situación de todo un colectivo: «Yo cumplí en septiembre de 2007 el requisito de antigüedad para cobrar los pluses -cinco años-. Nadie me ha preguntado si quería firmar».
