Oviedo, Juan A. ARDURA
El Gobierno regional y los sindicatos de los funcionarios rompieron ayer las negociaciones abiertas para pactar dos proyectos de ley que den cobertura jurídica al pago a cuenta de la carrera profesional, que han recibido más de 14.000 empleados públicos desde 2007. La ruptura de esa negociación también ha dividido a los sindicatos, que, junto a la Administración autonómica, integran la Mesa General de la Función Pública. UGT es partidaria de «pasar página» y buscar una solución para que los funcionarios no tengan que devolver el plus de la carrera profesional que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dejó en el aire en junio pasado, pero CC OO y CEMSATSE entienden que la defensa de una carrera profesional de 20 años frente a los 29 que pretende el Principado es un objetivo prioritario en esta fase de la negociación.
La Mesa General de la Función Pública se reunió ayer por la mañana, pero el encuentro fue bastante breve. El director general de Función Pública, Daniel Álvarez, mantuvo la posición de que el Principado pretende una carrera profesional que se complete en un período de 29 años, previo paso por cinco niveles que van desde la categoría de entrada a la cuarta categoría, en la que se conseguiría la máxima compensación salarial. Este planteamiento es «irrenunciable». Además, el Gobierno regional rechaza la pretensión de algunos sindicatos de que la carrera profesional se abone con carácter retroactivo a todos los funcionarios que cumplan los requisitos, una medida que costaría unos 18 millones de euros a las arcas regionales. Tras un receso en la reunión, CC OO mantuvo la misma posición que CEMSATSE: la carrera profesional debe completarse en un período máximo de 20 años. Ante lo inamovible de ambas posiciones, el Principado decidió retirar su propuesta, en la que estaba dispuesto a extender el pago del plus de la carrera profesional a todos los funcionarios, a partir del próximo 1 de enero, pero sin carácter retroactivo.
«Estamos ante una situación gravísima». Ésta es la única coincidencia existente entre Luis Ángel Ardura (UGT) y Manuel Nieto (CC OO) y Margot Marqués (CEMSATSE) tras la ruptura de las negociaciones. Ardura calificó de «decepcionante» la negativa de CC OO a flexibilizar su postura y pronostica «un grave problema» para los funcionarios, «que pueden verse abocados a tener que devolver entre 1.800 y 6.000 euros ante el escenario bastante probable de que el Supremo no admita nuestro recurso». No obstante, UGT intentará mediar para buscar una solución. Nieto (CC OO) apeló a «una reflexión de todas las partes, independientemente del desencuentro que se ha producido, para reconducir la situación y dar cobertura a los cobros correspondientes al primer nivel de la carrera». Margot Marqués admitió que la ruptura de las negociaciones «deja en manos del Supremo si la gente tiene que devolver o no el dinero cobrado», pero recalcó que la carrera de 29 años supondría un paso atrás.
