Fundador del Banco de Langreo, creador de Santa Bárbara y consejero del INI

Oviedo, J. C.

Sabino Fernández Campo aunó la milicia, el Derecho, la política y la economía. Por la suma de esas cuatro facetas se involucró en proyectos y responsabilidades financieras y empresariales que, directa o indirectamente, volvieron a conectarlo con Asturias y con el pulso industrial y bancario de la región.

Fue sin duda la faceta menos conocida de su longeva ejecutoria, tanto por la discreción del propio interesado como por la mayor relevancia pública de su protagonismo militar, político e institucional.

La milicia fue el origen de todas sus actividades empresariales. Su adscripción a la Intervención del Ejército (el cuerpo especializado en el control económico-financiero) lo familiarizó con la gestión económica. Y fue en el seno del cuartel de Santa Clara, en Oviedo, donde varios militares de la especialidad convencieron a Sabino para sumarse a ellos y al ex alférez provisional y profesor mercantil José Ramón Villa para fundar en 1964, junto con otros socios asturianos y madrileños, el Banco de Langreo. Sabino fue accionista-fundador de la entidad y miembro de su consejo de administración hasta su transformación en 1968 en Banco de Asturias.

Su relación con la economía asturiana persistió a partir de entonces, ahora en el sector público industrial.

Fernández Campo fue destinado a la Dirección General de Industria Militar, en la que formó parte de la comisión de estudio para la transformación de las fábricas militares y cuyo proyecto dio lugar a la creación de la Empresa Nacional Santa Bárbara, dos de cuyas plantas, de larga tradición, se localizan en La Vega y Trubia, ambas en Oviedo.

Tras incorporarse a la secretaría del entonces ministro del Ejército Antonio Barroso y Sánchez Guerra, el militar asturiano fue nombrado secretario del consejo de administración de Santa Bárbara, compañía pública a la que siguió vinculado hasta su incorporación a la Casa Real.

Fernández Campo fue también vocal de la Empresa Nacional Bazán y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y consejero del Instituto Nacional de Industria (INI) cuando este «holding» estatal tenía una hegemónica implantación en Asturias, donde concentraba el 26% de todos sus recursos y llegó a sumar 54.500 trabajadores (el 12% del empleo asturiano) en doce empresas que aportaban el 19,8% del valor añadido bruto (VAB) generado por Asturias.