El Principado tardará un año en pagar el plus de la carrera a los docentes que se apunten ahora

Oviedo, Marcos PALICIO
El Gobierno del Principado empezará dentro de casi un año a pagar los pluses asociados a la carrera profesional a aquellos docentes que no los están cobrando y cumplen los requisitos para incorporarse al nuevo proceso que se abrirá en 2010. Así es la última oferta que los sindicatos han escuchado en la mesa sectorial de educación y que la mayor parte de ellos rechazan. Según ella, los profesores que acepten la adhesión al nuevo proceso de cobro no verían en sus nóminas los complementos retributivos hasta el final del proceso de evaluación al que serán sometidos, no antes del 1 de octubre de 2010 a la luz de los plazos expuestos por el director general de Función Pública, Daniel Álvarez.

Se lo fía demasiado largo a prácticamente todos los sindicatos, incluidos los que hasta ahora se han mostrado menos remisos a aceptar los postulados de la Administración. ANPE, por ejemplo, se dice dispuesto a transigir si el inicio de los pagos se adelantase al 1 de abril, al final del primer trimestre, pero si el horizonte se mantiene en octubre «tendremos serias dificultades para el acuerdo», afirma su presidente regional, Gumersindo Rodríguez. La organización, por lo demás, valora «positivamente el acercamiento de posturas» en la mesa sectorial y sobre todo la definición de la evaluación del profesorado sobre la base de «criterios objetivos» como la formación, la función tutorial, el desempeño de cargos o el empleo de nuevas tecnologías.

SUATEA y CC OO están más lejos. Siguen pidiendo que el pago se extienda con carácter retroactivo a todos los funcionarios y que produzca efectos a partir del 1 de enero de 2007, la fecha en la que empezaron a cobrar los pluses los 14.000 empleados públicos que sí los están percibiendo. Esos planteamientos, así como el rechazo a la ligazón entre el resultado de los planes de evaluación y los complementos salariales, fueron expuestos ayer en una asamblea convocada por SUATEA y CSIF, que acordaron promover conjuntamente una serie de concentraciones semanales ante la Junta General o las sedes de los partidos del Gobierno.