UGT y CC OO fueron testigos del acuerdo, pero «ni lo firmaron ni lo negociaron»

Oviedo, J. A. ARDURA
La Consejería de Vivienda invitó a los sindicatos mayoritarios a la firma del acuerdo con la patronal de la construcción, que tuvo lugar el martes. Eduardo Donaire, secretario de la federación de construcción, metal y afines de UGT (a la derecha) y Jeremías Dos Santos, secretario de la federación de la construcción de CC OO, fueron testigos de la firma del acuerdo entre Serafín Abilio Martínez y Noemí Martín (en el centro) y Apolinar Cuesta (a la izquierda), pero, según ambas organizaciones, que negaron disensiones internas, «ni lo firmaron ni lo negociaron».

La Unión de Consumidores (UCE-Asturias) y los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO cargaron ayer contra el acuerdo suscrito entre la Consejería de Vivienda y la patronal asturiana de la construcción que consiste en rebajar el precio de mil pisos de los más de siete mil que hay en stock actualmente en la región. Los sindicatos reprocharon que ese pacto se haya alcanzado fuera del marco de la concertación social y señalan que de forma encubierta supone encarecer los pisos protegidos y respaldar la especulación. El colectivo de los consumidores considera que el convenio recién firmado «supone una competencia desleal para la vivienda de protección».

UGT y CC OO cuestionaron ayer con dureza el convenio rubricado entre la consejera de Vivienda, Noemí Martín, y el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), que supondrá la rebaja de mil pisos en stock para que puedan recibir las mismas ayudas que las viviendas de protección. Los dos sindicatos mayoritarios reprocharon que ese convenio se haya negociado y firmado al margen del acuerdo de concertación social. La comisión ejecutiva de UGT sostuvo ayer que el acuerdo entre Principado y constructores «supone un claro incumplimiento de los acuerdos de concertación suscritos hace años entre UGT, CC OO, FADE y el propio Gobierno». Comisiones Obreras también hizo patente «su malestar» por una medida que juzgan «desafortunada». A juicio de Ignacio Quintana, secretario de política social de esta central, no tiene sentido «aligerar el stock convirtiendo viviendas libres en protegidas cuando hay precisamente un stock de pisos de protección». Ambos sindicatos lamentan que el acuerdo se haya adoptado al margen de la mesa de concertación. «No se puede dañar de esta manera, por parte de los empresarios y del Gobierno, el diálogo social», sostiene UGT.

Dacio Alonso, presidente de UCE-Asturias, también calificó de «poco razonable» y «desafortunado» un acuerdo que «supone una competencia desleal para la vivienda protegida, porque se da prioridad a mil pisos de venta libre» y, además, «contribuye a blindar el precio de la vivienda, que debería reducirse ante la caída del mercado». Dacio Alonso considera preferible destinar las ayudas «directamente a los compradores, para que tengan más posibilidades de obtener la financiación necesaria».