Avilés / Oviedo,
M. MANCISIDOR /
J. ARDURA
El presidente del Principado no ve peligrar el pacto de gobierno con IU, pero no oculta su preocupación por las consecuencias del respaldo que la coalición dio al PP el jueves al sumar sus votos en el pleno de la Junta para dar luz verde a la integración del Hospital de Arriondas en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Vicente Álvarez Areces dejó entrever que su Gobierno está dispuesto a presentar un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que la iniciativa promovida por los populares y apoyada por IU no experimente cambios significativos en su tramitación parlamentaria.
Areces dejó patentes ayer las «profundas discrepancias», tanto de forma como de fondo, con la ley que pretende la integración del Hospital del Oriente Grande Covián en la red pública sanitaria, una iniciativa planteada por el PP y que ha contado con el respaldo de IU, socio en el Gobierno regional. No obstante, el Presidente confía en que ese desacuerdo, que no es el primero desde que firmó el pacto entre la FSA y la coalición, no ponga en riesgo el acuerdo de gobierno, que acaba de cumplir su primer aniversario. «Estamos analizando el contexto de una ley en la que discrepamos profundamente (...). Espero que ese ámbito de discrepancia se desarrolle de modo que no afecte a la estabilidad», señaló Areces, ayer, en Avilés. El secretario general de los socialistas asturianos, Javier Fernández, ya había admitido el pasado viernes, en los pasillos de la Junta, que la postura de la coalición no afectaba al pacto de gobierno porque el Hospital de Arriondas no forma parte del acuerdo político entre la FSA e IU.
Álvarez Areces cree que aún existe margen para llegar a un entendimiento con IU acerca del Hospital de Arriondas, pero, de no mediar un acercamiento, también deja abierta la puerta a pleitear contra la incorporación de ese centro sanitario a la red pública. «Todavía hay una oportunidad para encontrar soluciones antes de que culmine en una situación en la que estaríamos abocados a declarar una inconstitucionalidad, que parece evidente a juzgar por los informes de los letrados y de los servicios jurídicos», manifestó el Presidente.
Areces, como hicieran días antes el consejero de Salud, Ramón Quirós, y la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Rosa Migoya, calificó de «preocupante» la puesta en marcha de la ley que pretende integrar el Hospital de Arriondas en el Sespa. «Es un problema que afectará al sistema sanitario asturiano» porque, según el Presidente, los trabajadores «van a tener un grado de incertidumbre inequívoco sobre su situación laboral, que hoy tienen plenamente consolidada en un estatus protegido por una fundación que nosotros hemos mejorado desde hace años».
Migoya advirtió el miércoles de que los trabajadores del Hospital de Arriondas, de salir adelante la ley para la incorporación al Sespa, «podrían perder sus puestos de trabajo o, en el mejor de los casos, estar sometidos a una movilidad geográfica». Areces abundó ayer en ese argumento. «El problema subsiguiente, cuando se desarrolle la ley, va a ser que van a pretender que un conjunto de trabajadores, sin ninguna prueba selectiva, trate de acceder a un estatus de empleados públicos, partiendo de la base errónea de considerar que hay una sucesión de empresa, pero ese término afecta fundamentalmente a otros ámbitos, no al acceso a la función pública». El Presidente insistió en que este litigio «puede traer consecuencias muy graves e irreparables para la estabilidad de los trabajadores, que hemos conseguido que la tuviesen a lo largo de años, afortunadamente».
Arriondas, de la mano del PP
IU optó votar a favor del traslado del Hospital de Arriondas al Sespa de la mano del PP, lo que permitió que la propuesta fuese aprobada en el Parlamento, para disgusto de la parte socialista del Gobierno regional. Los socialistas están dispuestos a recurrir la decisión.
La barra libre de las ayudas
La universalidad de las ayudas públicas autonómicas como el cheque-bebé es otro de los puntos de fricción. IU apuesta por darlas en función de los ingresos. El penúltimo episodio tuvo lugar como consecuencia de las ayudas a la compra de coches.
El Musel y la incineradora
IU no quiere ni oír hablar de la construcción de la incineradora en Serín, frente al criterio socialista. Y entre tanto está la cuestión del sobrecoste de la ampliación de El Musel, denunciado en la UE por Los Verdes, socios de la coalición. Esta semana IU evitó una comisión de investigación en la Junta.
