El presidente del Gobierno regional, Vicente Alvarez Areces, ha afirmado hoy que Asturias es "el paradigma más claro de la Unión Europea de desarrollo respetuoso con el medio ambiente" porque su protección y conservación "se ha convertido en uno de los grandes retos de las políticas públicas".
Así lo ha expresado durante el acto de inauguración de las IV Jornadas Jurídicas de Medio Ambiente y Urbanismo que se celebran hasta el viernes en Oviedo, donde ha estado acompañado, entre otros, por el vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuel Almenar y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro.
Esta convención, en la que participan más de 300 profesionales de la Justicia de todo el país, tiene como objetivo divulgar la normativa, doctrina y jurisprudencia que están influenciadas por cuestiones medioambientales relacionadas con el urbanismo.
Según ha afirmado Areces, la ordenación territorial asturiana es "racional" y prima la protección del medio ambiente porque "cualquier estrategia de desarrollo urbanístico debe incorporar valores sociales y ecológicos que contribuyan a revalorizar el entorno y su atractivo tanto como lugar de residencia como para el desarrollo de iniciativas empresariales".
En este sentido, ha indicado que en Asturias se están "cubriendo las últimas cicatrices" para "curar las heridas" de un "desarrollismo industrial muy poco respetuoso con el medio ambiente" y que su "preservación constituye un compromiso con la calidad de vida de las futuras generaciones".
Por su parte, Almenar ha explicado que en materia medioambiental se vive un "momento de creación de un nuevo derecho fundamental" ya que entre los conocidos como derechos de "tercera generación" aparece el de un medio ambiente "sano y equilibrado", según el cual los poderes públicos deben "velar y preservar los bienes naturales".
Este derecho fundamental, ha indicado, es más bien un principio para inspirar la práctica jurídica y la actuación de los poderes públicos, pese a ello forma parte de la Constitución Española (artículo 45) y prevé sanciones penales y administrativas y la obligación de reparar el daño causado en aquellas actuaciones que choquen "frontalmente" con lo que plantea.
Además este derecho también se encuentra recogido en el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyas políticas deben integrar y garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y de mejora de su calidad.
Con toda esta legislación se pretende conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, así como proteger la salud de las personas y fomentar la gestión racional y sostenible de los recursos por parte de las administraciones.
Según la normativa, la política medioambiental debe ser tenida en cuenta en materia fiscal, energética y urbanística, y su omisión o ausencia puede suponer una violación de este derecho.
Este principio también se vería vulnerado en aquellos casos en los que el bienestar de las personas se vea afectado por la falta de información oficial sobre las actitudes y medidas que los ciudadanos pueden tomar con respecto a los atentados al medio ambiente, aunque estos no pongan en peligro su integridad física, ha concluido Almenar.EFE
13:41
IMPRIMIR PÁGINA »
AUMENTAR TEXTO »
REDUCIR TEXTO »
