Los directores generales de Ordenación del Territorio y de la Zalia, Guillermo Morales y Enrique Alvarez, respectivamente, dos de los tres altos cargos de la administración regional imputados en una investigación judicial, han defendido hoy la "estricta legalidad" del procedimiento de adjudicación de las obras de construcción de minipisos en la Universidad Laboral.
Morales y Alvarez, que han sido citados a declarar como imputados por el Juzgado de Instrucción 2 de Oviedo a raíz de una denuncia del PP, se han manifestado "tranquilos y confiados" en que "la Justicia actué y aclare" el caso, que han atribuido a "un intento de judicializar la vida política".
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Autoridad Portuaria, los dos ex cargos del Consejo de Administración de Viviendas del Principado S.A. (VIPASA), han acusado al PP de "generar sospechas con injurias y calumnias" y han asegurado que se "están dejando la piel al servicio de Asturias".
Morales y Alvarez y el director general de Patrimonio, Eliás José Uría, han sido citados por el juez Angel Sorando como imputados en una causa iniciada por el PP que les acusa de falsedad documental, prevaricación, cohecho, trafico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones legales.
Según la denuncia, el Consejo de Administración de VIPASA, del que formaban parte los tres imputados, adjudicó "a dedo" el contrato de construcción de minipisos en la Universidad Laboral al despacho madrileño de arquitectos Díaz y Rojo, por un valor superior al aprobado por la empresa.
El PP denuncia que el contrato se adjudicó 11 meses antes de que el registro de VIPASA conociera la totalidad de las ofertas y por un valor de 61.000 euros más que el presupuesto total de 320.000 euros aprobado por la empresa, según la denuncia presentada en el Juzgado.
Morales y Alvarez han defendido la "estricta legalidad" del procedimiento de adjudicación y han afirmado que "la persona que ha hecho la denuncia no es la más adecuada por su gestión y trayectoria". EFE