Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
El juez ha citado a declarar como imputados a tres altos cargos del Gobierno del Principado con motivo de una denuncia presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular (PP) en la Junta General por supuestas irregularidades en la adjudicación del proyecto de los minipisos de la Universidad Laboral por parte de Viviendas del Principado (Vipasa).
Enrique Álvarez, director general de Vivienda en el momento de los hechos y ahora al frente de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), y los actuales directores generales del Principado Guillermo Morales Mato (Urbanismo y Ordenación del Territorio) y Elías José Uría (Patrimonio) tendrán que pasar ante el juez a mediados del próximo mes de enero (días 12, 13 y 14) para explicar los entresijos de la adjudicación del proyecto en calidad de miembros del consejo de administración de Vipasa que aprobó la operación. El juez también ha imputado a los arquitectos que se hicieron con el contrato, Esteban Díaz Munárriz y Rafael Rojo Sempau. Semanas atrás el juez ya tomó declaración a la también imputada María José Hevia, ex gerente de Vipasa. El PP considera que en la adjudicación del proyecto se produjeron una serie de irregularidades que pasan por falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales por parte del anterior consejo de administración de Vipasa en la época en la que la sociedad del Principado dependía de la Consejería de Infraestructuras responsabilidad del socialista Francisco González Buendía. Tras el pacto entre de Gobierno entre IU y la Federación Socialista Asturiana (FSA) Vipasa depende de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, en manos de la coalición de izquierdas.
El grupo parlamentario del PP llevó a los tribunales el contrato al considerar que se adjudicó por encima del precio acordado por el consejo de administración, pasando de 320.000 euros a más de 381.000 y que la obra se dio «a dedo» saltándose la ley de Contratos del Sector Público. El PP también denuncia que supuestamente el expediente fue manipulado para dar imagen de legalidad, dado que las fechas del registro no coinciden con la sucesión de los hechos.
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