Oviedo, J. A. ARDURA, Marcos PALICIO
El Principado consiguió ayer el asentimiento de los sindicatos UGT y CC OO para aprobar en la mesa general de negociación el anteproyecto de ley que desarrollará la carrera profesional de los funcionarios. El texto, que salió adelante con la abstención de la otra organización sindical representada en la mesa, la sanitaria CEMSATSE, afecta al personal funcionario y laboral de la Administración regional y deja en espera a los docentes, cuya regulación específica será debatida hoy en la mesa sectorial. Aquí, la batalla sindical se prevé más intensa por la oposición que han reiterado SUATEA y la Federación de Enseñanza de CC OO frente al apoyo de UGT y la posición intermedia de ANPE, que ayer empezó a consultar a sus afiliados y hoy valorará la cuestión con sus servicios jurídicos.
El proyecto aprobado ayer modifica la ley de función pública vigente para hacer frente a la obligación impuesta en junio por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que detectó la inexistencia de una base legal para los pagos a cuenta de la carrera profesional que el Principado ha abonado desde 2007 a razón de unos 22 millones de euros anuales. Los perciben ahora unos 14.000 funcionarios, los que además de cumplir el requisito de antigüedad -cinco años- suscribieron su adhesión a la carrera en los términos en los que la planteaba el Principado. Los sindicatos aceptaron ayer las condiciones del Gobierno para asegurar por ley el pago a los que ya están cobrando y abrir en 2010 un nuevo proceso para acoger a quienes no perciben pluses pese a tener los requisitos, en total unos 5.000. CC OO y UGT dieron su conformidad a un texto que establece que los trabajadores que entren en la carrera a través de este nuevo plazo no cobrarán con efectos retroactivos ni empezarán a percibir los pluses hasta que finalice su evaluación, algo que no sucederá, según el compromiso del Gobierno, antes de que finalice el tercer trimestre del año. No cobrarán pues, antes de octubre de 2010.
El acuerdo, convinieron ayer los representantes de UGT y CC OO, es «mejorable», pero a la vez, según Luis Ángel Ardura, de UGT, «el mejor posible en este momento». A juicio de Manuel Nieto (CC OO), «hemos dado un paso de responsabilidad, pero quedan muchas cosas en el tintero». Entre ellas, la duración de la carrera profesional, que el Principado estructura en un máximo de 29 años y los sindicatos reclaman que se rebaje a veinte para equipararla a la de los trabajadores de sanidad. Nieto hizo «un llamamiento a los grupos políticos para que no pongan trabas en el Parlamento», toda vez que el Gobierno necesita los votos del PP para llevar el texto a la Junta por el trámite de lectura única de urgencia y cumplir así su propósito de que la ley entre en vigor el próximo 1 de enero.
En cuanto al resto de los puntos de fricción entre el Principado y los sindicatos, entre ellos el período transitorio que regulará el acceso de los trabajadores que ya cumplen los requisitos para entrar en uno de los tramos de la carrera, la Administración se compromete a seguir negociándolos en el marco de las discusiones que conducirán a la nueva ley de Función Pública. Este diálogo concluirá, según el compromiso del Gobierno, dentro del primer trimestre del próximo año. Ayer, de momento, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, dijo estar «satisfecha con el resultado» y con el acuerdo alcanzado «sin ningún voto en contra». La cobertura jurídica aprobada ayer, continúa, «despeja las incertidumbres de los trabajadores acerca del pago a cuenta y abre un proceso de incorporación para los que no firmaron o cumplieron los requisitos desde que se inició el pago». Migoya destacó «la responsabilidad» y el «esfuerzo de diálogo» de UGT y CC OO y volvió a negar la retroactividad de los pagos, que no se harán efectivos «hasta que se complete la evaluación».
Esta negativa y otras justificaron de nuevo ayer las críticas de otras fuerzas sindicales. La Corriente Sindical de Izquierda (CSI), la que presentó el recurso que desembocó en la sentencia anulatoria del TSJA, se compromete a «estudiar todas las vías jurídicas para parar esto», aunque asumen que al tratarse de una modificación legislativa el trámite se antoja «más complicado». Según Marco García, responsable de administración pública de CSI, «la Administración insiste en lo que planteó hace dos años con una chapuza más y una doblada de cintura de los sindicatos de la mesa. No sólo no ofrecen nada nuevo, sino que penalizan a los funcionarios respecto a los de sanidad».
Esta tarde, mientras tanto, la mesa sectorial de educación debatirá el anteproyecto de ley para los docentes no universitarios. Aquí, CC OO se desmarca y ayer seguía reclamando el pago retroactivo, una circunstancia que, unida al rechazo reiterado por SUATEA, promete hacer mucho más difícil el acuerdo, toda vez que sin SUATEA, la distribución de fuerzas en la mesa hace que la Administración necesite los votos a favor de los otros tres sindicatos representados, UGT, ANPE y CC OO.
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