Gijón / Oviedo,
M. S. / J. M. C. / P. G.
Enrique Álvarez, anterior director general de Vivienda y actual responsable de ZALIA, y Guillermo Morales, director general de Urbanismo, defendieron ayer la legalidad de la contratación del proyecto por parte de Vipasa de los minipisos de la Laboral. Mientras, el PP, a través del diputado regional Agustín Cuervas-Mons, quien presentó la denuncia, solicitó la destitución o la dimisión de los imputados «por higiene democrática», y exigió al Gobierno que explique lo sucedido. Estos dos altos cargos del Principado, junto a Elías José Uría, director general de Patrimonio, y los arquitectos a los que se adjudicó el proyecto han sido llamados a declarar como imputados por el juez para responder por la denuncia del PP por, entre otras cosas, cohecho y tráfico de influencias. «Estamos absolutamente tranquilos ante este intento de generar sospechas, insidias y calumnias sobre personas que estamos comprometidas con Asturias y nos dejamos la piel cada día en los proyectos en los que participamos», dijo Enrique Álvarez. «La contratación se hizo de acuerdo con los criterios jurídicos de Vipasa, tal como se había hecho en casos anteriores. Tengo la conciencia muy tranquila. De ningún modo hemos alterado el procedimiento».
Por su parte, Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA, aunque reconoció que asuntos como el de los minipisos «nunca son positivos, con toda la maraña de procesos judiciales abiertos, evidentemente mucho más graves que lo que se está imputando a estos cargos del Gobierno asturiano», tiene «plena confianza en que quede solamente en una imputación». Gutiérrez considera que es una maniobra del PP para tapar sus casos de corrupción en otros lugares del país.
