Oviedo, Marcos PALICIO
El Grupo Popular se opondrá al trámite de urgencia y lectura única para aprobar en la Junta las leyes de la carrera profesional de los funcionarios si éstas no llegan a la Cámara «con la práctica unanimidad de los representantes de los trabajadores». El Gobierno regional ha propuesto el uso de ese procedimiento, para el que necesita los votos del PP, en su afán de que las leyes agilicen el proceso parlamentario y puedan cumplir su propósito de entrar en vigor el 1 de enero. Para el diputado Ramón García Cañal, que destacó la oposición a los proyectos en sindicatos de sanidad y docencia, «después de las chapuzas que se han organizado, querer resolverlo por lectura única aparte de imprudente es un disparate».
La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, que espera que el Consejo de Gobierno apruebe los textos este mes, reiteró ayer su llamamiento a los partidos para agilizar después la aprobación en la Junta a sabiendas de que «con los votos del Gobierno podríamos tener el trámite de urgencia, pero no el de lectura única, lo que podría retrasar la tramitación». El retraso pospondría tanto los procesos de evaluación como el cobro de los funcionarios que se incorporen ahora a la carrera y que en principio deberían empezar a percibir los pluses el próximo octubre.
El Gobierno, mientras tanto, cumplió ayer con el trámite de poner su firma y la de los dos sindicatos que le apoyan -UGT y ANPE- en la ley que dará cobertura legal a los pagos de los incentivos a los docentes. Los otros dos de la mesa sectorial, CC OO y SUATEA, se oponen, entre otras razones, porque el proyecto de ley no prevé que los trabajadores que se adhieran ahora al proceso cobren los pluses con carácter retroactivo desde 2007, cuando empezaron los pagos a quienes sí están cobrando. Migoya reconoció ayer que «la situación económica no nos permite ir a un acuerdo de retroactividad para personas que además tuvieron la oportunidad de adherirse de forma voluntaria y no lo hicieron».
La Consejera destacó el esfuerzo del Ejecutivo para incorporar a los docentes al pago de los pluses, que se plantea ligado a la superación de un proceso de evaluación. «Nunca le hemos tenido miedo», afirmó el representante de UGT, Daniel Rodríguez, que calificó de «increíble que algunos sindicatos se dediquen a lanzar bombas contra acuerdos retributivos y de condiciones laborales». La firma en este acuerdo «de mínimos» es «un ejercicio de coherencia y responsabilidad», tercia Gumersindo Rodríguez, de ANPE, para quien la definición en «criterios objetivos» del tipo de evaluación que se propone impide ya «hablar de cheque en blanco». A esa evaluación se someterán todos, los que cobran y para los que no, y aquéllos deberán devolver el dinero cobrado si no la superan.
El que se firmó ayer no tiene carácter de acuerdo de mesa sectorial por el no de SUATEA y CC OO -que impidió la mayoría social de la mesa-. Esa denominación, que sí estaba en el documento que se presentó anteayer a la mesa, se retiró en la versión final de ayer, que añadió además la referencia a una comisión de seguimiento del acuerdo. Los sindicatos que se oponen al proyecto de ley, rechazado por la Junta de Personal Docente, no descartan llevarlo al Juzgado.
Allí, en los tribunales, el Gobierno hizo ver ayer que sus recursos al Tribunal Superior de Justicia de Asturias han dado como frutos dos sentencias que han rechazado la extensión de sentencia y el cobro para trabajadores no firmantes de la carrera a los que se reconoció el derecho al cobro en primera instancia.
07:41
