J. C. GEA
Un millón de euros en comidas es una barbaridad de menús del día, o una barbaridad de comensales, o un número más moderado de menús y de comensales, pero en restaurantes que no sirven precisamente menú del día. A ver cómo se justifica por qué todas esas comidas fueron de interés público, es decir, por qué el contribuyente -en este caso, el de la vecina ciudad del Sur- tuvo que pagar el convite sin ser consultado. A la espera de la respuesta de los acusados de este acto de pantagruelismo político, el potencial anfitrión «in absentia» de estos menús con cargo a la república -sea en la vecina ciudad del Sur, en ésta o en cualquier otra-, puede estar seguro de que alguien se está tomando algo a costa suya, aunque no necesariamente a su salud. Y esto son sólo migajas en una profesión con demasiadas coartadas para prebendas, como poco, ambiguas. La política no debería atraer al goloso, sino disuadirlo: el servidor público tendría que probar su vocación tan fuerte y pura como para imponerse a sacrificios tangibles. Por ejemplo, pagar el doble en los restaurantes. Y del propio bolsillo.
