Oviedo, J. A. ARDURA
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se ha sumado a las duras críticas formuladas por los sindicatos UGT y CC OO contra el pacto suscrito por la Consejería de Vivienda con los constructores para reducir el stock de vivienda libre en Asturias. La FADE y las dos centrales sindicales han enviado una carta al presidente del Principado en la que expresan su «profundo malestar» porque dicho acuerdo se materializó al margen del pacto por la competitividad, el empleo y el bienestar en Asturias (ACEBA) y acusan al Gobierno regional de deslealtad.
Los sindicatos mayoritarios ya habían cargado contra el acuerdo entre Vivienda y la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) al día siguiente de su firma. La novedad estriba en que la Federación Asturiana de Empresarios se ha sumado a esos reproches, con argumentos similares a los planteados por UGT y CC OO, y han expresado su inquietud en una carta remitida a la Presidencia del Principado.
Patronal y sindicatos se quejan de las formas utilizadas por el Ejecutivo para concretar el acuerdo para reducir el stock de vivienda libre. «Se nos ocultó conscientemente a los agentes sociales firmantes del ACEBA», exponen en la misiva enviada a Areces, donde reprochan que apenas unas horas antes de la rueda de prensa en la que Vivienda anunció el pacto con la CAC había tenido lugar una reunión para evaluar el pacto social, a la que asistieron Gobierno regional, patronal y sindicatos, donde nada se les dijo acerca de un acuerdo cuyo contenido prefieren no valorar.
Los agentes sociales consideran que un acuerdo de la naturaleza del firmado con los constructores entra en las competencias de la concertación social. «Entendemos que un pacto de tal naturaleza entre el Gobierno y una organización sectorial supone afectación directa a uno de los apartados del ACEBA, razón por la que debería haber sido informado en sus órganos de seguimiento». A juicio de FADE, UGT y Comisiones Obreras, el acuerdo rubricado con los constructores «supone un grave incumplimiento del espíritu del pacto y una falta de confianza y lealtad de la Administración hacia los agentes sociales, situación que aborta la necesaria confianza mutua en pro de objetivos comunes». Los agentes sociales reclaman al Ejecutivo que restablezca esa confianza perdida.
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