Oviedo, Luján PALACIOS
El fiscal especial antidroga de Asturias, José Perals, defendió ayer que la lucha contra la corrupción política desde el ámbito penal es «esencial», toda vez que los acusados por este tipo de delitos «deben ser juzgados igual que el resto de grupos de delincuentes», como delincuencia organizada. Además, catalogó esta corrupción como «delincuencia común», ya que «se trata de personas que ejercen una actividad ordinaria, pero con la que solapadamente se comenten delitos que causan una enorme distorsión en la sociedad».
Perals participó ayer en una mesa redonda titulada «La delincuencia organizada: su impacto en la sociedad y en el medio penitenciario», en el marco del XVII Encuentro con la sociedad organizado por la prisión de Villabona, y aprovechó para reclamar una modificación de las leyes procesales, las estructuras judiciales y el mapa judicial, toda vez que «nuestra ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX». El fiscal apuntó que en Asturias se desarticularon un total de once bandas de delincuentes organizados a lo largo del año pasado, así como otras cuatro dedicadas exclusivamente al narcotráfico. Además, estos grupos son itinerantes, sin implantación en el Principado, como apuntó Andrés Valverde, comisario de la Policía judicial de Oviedo. Valverde apostó por una modificación de la legislación y los sistemas de trabajo de la Policía, así como por un endurecimiento de las penas para poder luchar de manera efectiva contra la delincuencia organizada. Un fenómeno que afecta a todos los estados, en el que la mayor parte de los detenidos son extranjeros y en el que cada vez se hace más necesaria la colaboración jurídica entre países, según indicó Valverde.
El abogado penalista Luis Tuero, por su parte, puso el acento crítico, y aseguró que la delincuencia organizada es «un globo que se ha inflado en exceso». «Ni hay tantos malos ni la delincuencia va aparejada a la inmigración», subrayó el letrado, quien denunció la «falta absoluta de una política criminal».
Bernardo Donapetry, juez presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, puso de manifiesto las dificultades para identificar la delincuencia organizada.
