El concurso de la discordia

Una práctica de uso común en los concursos de las administraciones, según Función Pública

 

Oviedo, M. P.

El Principado sostiene que el uso de sus criterios de valoración de la experiencia está a la orden del día en los concursos de méritos de las administraciones públicas para la provisión de puestos de trabajo. Lo hizo, en concreto y según aducen fuentes del Gobierno, el Ministerio de Defensa en una convocatoria del pasado 23 de octubre en la que se puntúa el trabajo desarrollado con arreglo a un único criterio, si el tiempo de desempeño es superior o inferior a un año.


En el ámbito autonómico, la Administración asturiana se defiende aportando una convocatoria para cubrir plazas en archivos, museos y bibliotecas auspiciada por el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha en la que únicamente se tiene en cuenta la experiencia en puestos similares dentro de la administración «por tiempo superior a dos años».

La sentencia


El juzgado de lo contencioso-administrativo número cinco de Oviedo declara disconforme a derecho el procedimiento utilizado por el Gobierno del Principado para cubrir 350 plazas de jefes de negociado. La resolución señala, en concreto, que «no se ajusta al principio de proporcionalidad ni de equidad el valorar a efectos de adjudicación de destinos como funcionarios la experiencia adquirida en un año de igual modo que la experiencia adquirida en treinta años de servicios». Este concurso había sido impugnado ya por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y reproduce las condiciones de otros que afectan a 332 y 150 plazas que ya han sido convocadas y recurridas por el mismo sindicato recurrente, USIPA.


La reacción


El Gobierno del Principado mantiene tanto el nombramiento impugnado por el juzgado como otros tres procesos de promoción interna que incluyen la misma fórmula de valoración de la experiencia. Aunque inicialmente afirmó que sigue adelante porque no hay jurisprudencia ni unidad de criterio en los jueces sobre este asunto, ayer se remitió a una sentencia de la Audiencia Nacional que declara ajustado a derecho un proceso similar para puntuar los años de servicio.

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