Oviedo / Madrid
La caída en picado de los ingresos que ha experimentado la tesorería pública por culpa de la crisis ha obligado a once comunidades a diseñar los presupuestos del próximo año a la baja. La recesión, unida a la obligación de casi todas las comunidades de tener que devolver al Estado el dinero a cuenta recibido dentro de la sistema de financiación autonómica, ha dejado temblando muchas cajas regionales. El descenso más acusado se da en el País Vasco, donde el presupuesto cae 8,6 por ciento, seguido de Baleares y Canarias, con bajadas que superan el 4 por ciento.
Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla, han incrementado sus partidas, sobre todo la primera, con un alza del 7,3 por ciento. En el Principado el aumento que se baraja ya es superior al 0,6 por ciento, cuando en un principio la idea de la parte socialista del bipartido era congelar las cuentas.
A pesar de que la mayoría de las regiones se enfrentarán en 2010 a unos presupuestos ajustados, la sanidad, la educación y las políticas sociales serán áreas privilegiadas, que verán crecer sus partidas respecto a 2009. Las regiones que han hecho un mayor esfuerzo son las dominadas por el PSOE, donde sus presupuestos crecen una media del 1 por ciento. Mientras, en las controladas por el PP las cuentas se reducen una media del 1,2 por ciento.
Las regiones del PSOE tienen previsto realizar un gasto, sin contar los capítulos financieros, de más de 98.000 millones. Las del PP barajan gastar más de 67.000 millones. La suma alcanza un total de 180.130 millones. Será la primera vez en siete años que las autonomías gasten menos que el Estado. Los capítulos de sanidad y educación se llevarán una media del 56 por ciento del dinero público autonómico. La inversión en infraestructuras caerán más de un 11 por ciento (11.600 millones), y cultura, un 8,22 por ciento (2.600 millones). El déficit global se calcula en unos 25.700 euros, el 1,7 por ciento del producto interior bruto (PIB). El tope establecido para el déficit autonómico para el próximo año no puede superar el 2,5 por ciento del PIB.
