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Las consultas a «constitucionalistas» no habían sido iniciativa del Rey, según Laína, pero sí existe un testimonio de que se realizaron en la misma noche del 23-F, después de que Armada hablara con la Zarzuela -con Fernández Campo, en concreto- y se ofreciera a entrar en el Congreso tomado por Tejero para ofrecer la creación de un Gobierno de concentración. Luis González Seara, entonces ministro de Universidades e Investigación y rehén en el Congreso, narró años después al periodista Francisco Medina que la idea de Armada suscitó en Zarzuela que «a las diez de la noche» se telefoneara a tres constitucionalistas, uno de ellos Ollero, «para preguntarles por la propuesta de Armada, pero la respuesta de los tres fue que era ilegal».
Respecto al informe previo remitido por Armada en el verano de 1980, Alfonso Osorio, que había sido vicepresidente del Gobierno con Suárez y era diputado de Coalición Democrática en 1981, considera que el documento «existió» y en él se manifestaba probablemente que «el Rey, previa consulta con los grupos, tenía potestad para proponer un presidente del Gobierno tras una moción de censura que podría ser apoyada por UCD y PSOE». De hecho, «existían dos caminos», agrega Osorio: «La moción de censura, o que dimitiera el presidente Suárez y el Rey propusiera el candidato, tras consultar a los partidos».
Sin embargo, cuando Adolfo Suárez presenta su dimisión, el 29 de enero de 1981, «el Rey propone a Calvo-Sotelo, lo que significa que o no tiene en mente lo que proponía el informe de Armada o lo descartó», precisa Alfonso Osorio. En efecto, Suárez propuso como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo, su vicepresidente segundo para Asuntos Económicos. De algún modo, la dimisión de Suárez aceleró el «golpe duro», el de Tejero y Milans del Bosch, al que quedó supeditado el «golpe blando», el de Armada, que llevaría su propuesta de Gobierno de concentración ante el Congreso tomado por la Guardia Civil.
Respecto al informe que le servía de pauta, el propio Alfonso Armada habló de sus orígenes y recorrido al periodista Francisco Medina. «Era un estudio constitucional muy interesante que yo entregué a Sabino y también a Jaime Milans del Bosch. Sé que éste lo leyó después en el Consejo Superior del Ejército. A Jaime se lo di porque estaba muy interesado entonces en estos temas, sobre cómo encontrar una salida al desastre al que nos estaba llevando el Gobierno de Suárez».
Según Armada, al entregar el informe a Milans del Bosch trataba de «calmarle, para que viera que había preocupación en otros sitios». Respecto al autor del texto, el general gallego afirmó entonces que «a mí me hizo llegar aquel estudio alguien que no recuerdo exactamente, pero ahora me suena que fue una persona del entorno de López Rodó».
Laureano López Rodó (1920-2000) había sido miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas que elaboró la Constitución de 1978. En 1979 había abandonado la política. «Que López Rodó fuera el autor del informe no es probable», comenta Francisco Laína, «ya que para entonces se había distanciado de la política».
Sin embargo, López Rodó tenía «un estrecho colaborador, que era José Luis Meilán Gil», explica Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Bastida también comenta que el referido informe, si pretendía mantener la plena legalidad vigente, «abordaría la moción de censura y la propuesta de un candidato -artículo 113 de la Constitución-, o la vía del artículo 99, sobre la moción de confianza». No obstante, agrega Bastida que «la propuesta de Armada como presidente habría tropezado con un problema de incompatibilidad, pues era un militar en activo».
Respecto a la hipótesis de que López Rodó o un colaborador suyo fueran los autores del informe de Armada, el propio José Luis Meilán Gil explicó a LA NUEVA ESPAÑA «que no existió ninguna relación con ese asunto». Meilán Gil, catedrático emérito de Derecho Administrativo y ex rector de la Universidad de La Coruña, era diputado de UCD en 1981. «Es posible que se mezclen dos cosas diferentes, pues López Rodó, que había sido diputado de AP, tuvo un papel relevante cuando se redacta la Constitución y realiza planteamientos sobre el título de la Corona en la Carta Magna». Sin embargo, «posteriormente no hubo más intervenciones suyas, y por lo que a mí respecta soló coincidí con Armada durante unas elecciones a procuradores de las Cortes, años atrás». Meilán reconoce que «en aquel momento, en el ambiente había la idea de buscar una fórmula de sustitución de Suárez que no acabara como la de Primo de Rivera con Alfonso XIII». El ex rector de la Universidad de La Coruña duda, no obstante, «de que fuera Ollero el autor. No creo que se prestase a ello».
Por su parte, el citado general Agustín Muñoz Grandes aseguró a este periódico que «no creo en ese documento, porque empaña la figura del Rey, como si existiese una implicación suya previa; aunque recibiera y escuchara a muchas personas, no se debe empañar su actuación». Y el propio Armada, al ser consultado por LA NUEVA ESPAÑA, declara sobre el documento que «es un invento; yo no hice ningún informe y los periodistas han puesto muchas palabras en mi boca que yo no dije. He oído hablar de ese informe, pero no tengo ni idea».
Sin embargo, no todos opinan igual. Luis María Anson, presidente de la agencia «Efe» en el año 1981, defiende «la lógica de que exista ese documento y de que Carlos Ollero, un hombre muy respetado y conocido de Armada, fuera su autor». El periodista considera que «habría que tener el documento para analizarlo y hacer más valoraciones». Anson concluye que «Sabino Fernández Campo conocía el punto final del golpe y yo me remito a una frase que se le escapó en un artículo suyo: «El que busca afanosamente la verdad, corre el riesgo de encontrarla».
