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PSOE y PP acuerdan aprobar la carrera profesional antes de finales de año

Los populares aceptan que la ley se tramite de urgencia, lo que permitirá presentar enmiendas y que los sindicatos comparezcan en la Junta

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Oviedo, P. G.

Los grupos parlamentarios del PSOE y el Partido Popular (PP) en la Junta General del Principado han llegado a un acuerdo para agilizar lo máximo posible la aprobación de la ley de la carrera profesional para que el texto legal que permitirá legalizar los pluses salariales de los funcionarios de la Administración regional reciba el visto bueno del Parlamento antes de finales de este año.

El PP ha optado por llegar a un acuerdo con la parte socialista de la Cámara para evitar que la ley se apruebe por el trámite de lectura única, lo que impediría la presentación de enmiendas al texto y la petición de comparecencias por parte de los grupos parlamentarios. Así, la ley llegará a la Junta General a través del trámite de urgencia. Esta figura sí permite presentar enmiendas y solicitar comparecencias como la de los sindicatos que recientemente firmaron el acuerdo con el Principado. «El Partido Popular no es partidario ni de aprobar chapuzas ni de excluir a nadie, por ello solicitará la comparecencia de todos los sindicatos e introducirá enmiendas para modificar y mejorar la ley», apuntaba ayer el portavoz popular en la Junta, Joaquín Aréstegui.

La ley de la carrera profesional permitirá que los funcionarios del Principado, salvo los de la rama sanitaria, que cuentan con respaldo legal desde hace tiempo, puedan percibir las mejoras salariales aprobadas por el Consejo de Gobierno días antes de las últimas elecciones autonómicas y que ya están percibiendo 14.000 trabajadores del sector público asturiano. El acuerdo del Ejecutivo asturiano fue impugnado por algunos sindicatos, casi todos los sectoriales, y por la federación de educación de CC OO. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias falló a favor de los demandantes, considerando que el acuerdo de Gobierno sobre el que se comenzó a pagar a cuenta mejoras salariales a miles de trabajadores públicos carecía de sustento legal.

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