Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
Sólo con contar las hojas que componían el orden del día de ayer de la Comisión de Hacienda del Parlamento asturiano y viendo quién tenía que comparecer, la mañana prometía. Porque Ramón García Cañal y José Agustín Cuervas-Mons, dos de los parlamentarios del PP más guerrilleros junto a Alejandra Cuétara, iban a verse las caras con buena parte de los responsables de las empresas públicas a las que los populares no se cansan de tachar como «el entramado de chiringuitos socialistas».
Al final, y a pesar de la presencia de Víctor González Marroquín, uno de los «objetivos» favoritos de los populares, o de Ana Quintana, sustituta de Santiago Caicoya al frente de Sedes, una de las empresas diana de las críticas del PP, la sesión tuvo muchísimo menos morbo del esperado si se tiene en cuenta que en anteriores comparecencias de altos cargos en solitario saltaron chispas. Y es que en esta ocasión el morbo y la pelea se trasladaron de la arena parlamentaria a las cocinas. «No preguntan nada. Lo único que pretenden es obligar a quienes comparecen a escuchar lo que piensa el Partido Popular. Se preguntan y responden ellos mismos», se quejaban ayer fuentes del Grupo Socialista por la actitud de los populares. Lo hacían después de la llegada a la Junta de la auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la gestión durante 2006 de 54 fundaciones y entes públicos, que llevó al PP a pedir la comparecencia de todos sus responsables.
Mientras, desde el PP se hablaba de «boicot» del Gobierno para evitar algunas comparecencias sensibles como la del responsable del Centro de Arte de la Laboral, al entender que no es una sociedad cuentadante y no debe ser fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas. Esta estela fue seguida por los gerentes de otros cuatro entes (Archivo de Indianos, Fundación para el Progreso Soft Computing, la Fundación Nuevas Tecnologías y Cultura), para indignación de los diputados del PP. «Es una pantomima y una falta de respeto. Tenía muchas preguntas que hacerles», se quejaba el popular José Agustín Cuervas-Mons.
Y aun así, se presentaron treinta y seis altos cargos con responsabilidad en cuestiones como los transportes, la investigación, las nuevas tecnologías, la formación o las viviendas públicas de la región. De todos ellos los populares interrogaron a siete y los socialistas, a uno. Poco baile para tanto pretendiente.
A Cuervas-Mons y a García Cañal les bastó para poner en cuestión, basándose en el informe de los síndicos, «el procedimiento a dedo» seguido en la adjudicación de muchos de los contratos de estas empresas analizados por los auditores. Desde las filas socialistas Álvaro Álvarez defendía que en el informe «no hay ninguna irregularidad». Otros pesos pesados del Grupo Socialista sostenían que al PP lo único que le importa de los informes de los síndicos es utilizarlos «como arma arrojadiza a base de insidias y sin objetividad». Estas fuentes del PSOE lamentaban la «ausencia de las mínimas normas de educación y cortesía» de los diputados populares en sus interpelaciones a los altos cargos. «Ojalá sigan así mucho tiempo, para nosotros mucho mejor. Ya casi nadie les hace caso», añadían fuentes socialistas. «No es ninguna estrategia, es nuestra responsabilidad llamar a los responsables de estas entidades a comparecer», aclaraba Cuervas-Mons tras la multitudinaria comparecencia. «El PSOE considera que es propietario de esta región», sentenciaba el diputado del PP tras una sesión que prometía mucho y se quedó en casi nada.
