Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
PSOE e IU coincidieron ayer en la Junta en señalar que los contratos de alta dirección (CAD) de los cargos de confianza de las empresas públicas del Principado «no son un privilegio», ni «significan una forma de contratación irregular». Diputados de las formaciones que sustentan el bipartito asturiano aprovecharon la aprobación del informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre los contratos de alta dirección (CAD) de las empresas públicas del Principado en 2006, y su contenido, para tratar de zanjar lo que consideran una «utilización política» de este tipo de informes por parte del PP.
El informe de los síndicos sobre los contratos de alta dirección señala que buena parte de ellos (43 de los 71 analizados) «no reúnen los requisitos establecidos» por la ley en vigor, y aconseja reordenarlos, y que el sueldo medio de un alto cargo del Principado en 2006 era de 57.090 euros. Jesús Iglesias, coordinador regional de IU, reconoció que en el informe la «anomalía más frecuente» que aparece «es la inadecuación de una fórmula de contratación». Y matizó que contar un contrato de alta dirección «no significa, más bien lo contrario, un incremento de los derechos de los trabajadores». Porque Iglesias entiende que un contrato de este tipo permite «una mayor flexibilidad», a la hora, por ejemplo, de despedir al alto cargo. «Las indemnizaciones (por despido) son incluso menores que las de un contrato normal», apuntó para añadir: «En principio un contrato de alta dirección no es un privilegio». Por su parte, el socialista Álvaro Álvarez aseguró que el informe de la sindicatura «despeja cualquier tipo de sospecha» de que los contratos de alta dirección «signifiquen una forma de contratación irregular y de privilegios». Este informe fue el que permitió al PP pedir la comparecencia de medio centenar de altos cargos de las empresas públicas del Principado el pasado 10 de junio para preguntarles ¿cuánto cobra usted?, y el que provocó un roce entre el Grupo Socialista y el Gobierno, ya que Presidencia había recomendado a los altos cargos eludir la pregunta. En mitad de la comparecencia el Grupo Socialista dio la orden contraria.
Mientras, Avelino Viejo, síndico mayor, reconoció durante su comparecencia para explicar el contenido de otro informe, el de las empresas del sector público, que algunas de las recomendaciones realizadas por la Sindicatura «han sido asumidas» por las empresas y que «hay otras que hasta el momento no nos consta que hayan sido incorporadas» por los gestores correspondientes. Pero Viejo advirtió que las recomendaciones de la Sindicatura «no son vinculantes» y que las atribuciones del órgano fiscalizador «llegan hasta donde llegan».
