Oviedo, M. P.
Cataluña, la primera comunidad española que legisló el cobro por rescate, en 2005, ha encontrado obstáculos por la indefinición de la «imprudencia» y aunque facturado algún rescate, apenas ha llegado a cobrar. La Generalitat, no obstante, habló en su día de tres supuestos de negligencia: que se ignoren señales de prohibición, que no se lleve el equipo necesario o la actuación no esté justificada.
El otro extremo es Francia, donde los rescates son privados y se pagan todos. En Asturias, el Principado asume el otro ejemplo español, Cantabria, donde aún no funciona un proyecto que cobrará 328 euros la hora de trabajo de una dotación completa y 1.639 la de un helicóptero.
