Oviedo, J. E. M.
La batalla política abierta en torno a la Sindicatura de Cuentas, órgano auditor del sector público regional, por la fiscalización de sociedades participadas por la Administración del Principado de Asturias, ha llevado incluso a algunos responsables del Gobierno autonómico a poner en cuestión la necesidad del ente de control tal y como está concebido. Así se desprende de un informe elaborado por Economía y Hacienda, que refleja sobre el papel el profundo malestar que ha generado la situación que vive la entidad auditora, a su juicio, poco profesional. Las diferencias quedaron patentes de nuevo esta semana cuando la síndica Mercedes Fernández, ligada al PP, escenificó en la Junta sus discrepancias con un informe sobre empresas públicas que leía el síndico mayor, Avelino Viejo, ex consejero del PSOE. En el Gobierno se pone a la Sindicatura en el punto de mira por filtrar informes.
«Parece oportuno recordar a la Sindicatura de Cuentas la importancia de una utilización cuidadosa de la información que obtiene en el curso de su labor de fiscalización. El inapropiado uso de la información recopilada por error y su publicación posterior pueden poner en entredicho el buen hacer de la Sindicatura y los motivos que aconsejaron su creación», señala un informe remitido por el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, a su homólogo de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco González Buendía, para fortalecer los argumentos de este último cuando rechazaba la acción auditora de la Sindicatura en entidades que consideraba exentas de este trámite. El escrito critica también el trabajo de la Sindicatura porque «vulnera (...) el debido sigilo y el secreto profesional» de la auditoría, realiza informes «de manera torticera» y «siembra» con ellos «la confusión con una deliberada ambigüedad».
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