Oviedo, L. Á. VEGA
El ovetense R. M. A., de 29 años, aceptó ayer una pena de dos años de cárcel por un delito de corrupción de menores en la modalidad de distribución de pornografía infantil. El acusado se declaró autor de los hechos. El fiscal accedió a rebajar la pena de cuatro años de cárcel que solicitaba inicialmente al aplicar las atenuantes de confesión y colaboración con la justicia. El ovetense, defendido por el letrado David Mayo, no tendrá que ingresar en prisión, al ser la pena impuesta de dos años y carecer de antecedentes penales.
El joven fue detenido el 27 de noviembre de 2007 por agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real, en el curso de la «operación André». En este operativo, desarrollado por los agentes manchegos a la vez que la «operación LSM», fueron detenidas hasta 39 personas en 18 provincias españolas. Entre los detenidos se encontraban un agente de la Policía Local -que fue expedientado- y un profesor de Psicología de la Universidad de Zaragoza. El operativo coincidió con otro desarrollado por la Guardia Civil de Córdoda. Entre las tres operaciones, que movilizaron a un centenar de agentes, fueron detenidas 67 personas, dos de ellas en Asturias, incluido el joven juzgado ayer.
Los agentes de Ciudad Real tuvieron conocimiento de los hechos a través de la denuncia de un internauta. Este usuario se bajó un archivo por medio del programa de intercambio e-Mule en cuyo interior había imágenes especialmente duras de menores de 13 años realizando actos de contenido sexual con adultos y otros niños de su edad. El archivo había sido renombrado de forma que no despertase sospecha alguna sobre su contenido.
A partir de esta denuncia, los agentes comprobaron que, en marzo de 2007, el ovetense juzgado ayer intercambió un archivo con un millar de fotografías de pornografía infantil con otros usuarios del programa e-Mule. Cuando los agentes acudieron a la vivienda donde residía el joven, y donde se encontraba el ordenador desde donde se había realizado el intercambio, R. M. A. les facilitó el acceso a tres archivos de contenido pornográfico. Es por este motivo por el que el fiscal estima que el joven colaboró con la investigación. Inicialmente, el ministerio público solicitó cuatro años de cárcel, debido a que las imágenes aprehendidas incluían a menores de 13 años, que son de especial protección.
La Brigada de Delitos Informáticos viene advirtiendo en los últimos años del incremento no sólo de los delitos de pornografía infantil, sino también del acoso a menores. El éxito de las redes sociales también está generando riesgos para los menores, por lo que los agentes recomiendan una mayor implicación de los padres en el control de los contenidos a los que acceden sus hijos en internet.
