JUAN RAMÓN ZAPICO
EX PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
Hace unos días tuve ocasión de asistir a un sencillo y discreto acto -no podía ser de otra manera- en el que se homenajeaba a José Tuñón Bárcena por su jubilación como letrado de la Junta General del Principado. Compartía ese homenaje con los actuales miembros de la mesa y portavoces de la institución, así como con todos los presidentes que, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía para Asturias, presidieron esa Cámara parlamentaria. Hubo un recuerdo para otro presidente, ya fallecido, Eugenio Carbajal. En el transcurso del encuentro me vinieron a la memoria algunos acontecimientos, hechos y preocupaciones compartidos con el homenajeado que me gustaría poner de relieve como agradecimiento y reconocimiento a su trabajo en los cuatro años que yo presidí la Junta General, pese a que pueda caer en olvidos o inexactitudes por el paso de los años.
Conocí a Tuñón, a través del fallecido Carbajal, en un acto muy controvertido y polémico: la constitución de la Diputación Provincial resultante de las elecciones locales celebradas en marzo de l979; acontecimiento que, posteriormente, se conoció en lenguaje popular como «el pleno de la guerra de los ancianos», motivado por el procedimiento para la elección del presidente de la institución. Lo que en realidad se producía era una crisis política de nuestras instituciones regionales, Consejo Regional y Diputación Provincial. Crisis solucionada con un pacto político acordado por tres fuerzas políticas. Durante ese proceso observé en el homenajeado un interés y preocupación por la solución del conflicto, que me llamó la atención.
Pertenecía Pepe Tuñón, como lo llamaban algunos de sus compañeros, al cuerpo técnico de funcionarios de la administración de la Diputación Provincial, al que también pertenecía un grupo de personas, que, aún recuerdo, por haber tenido alguna relación de trabajo con ellos, y que no me resisto a citarlos, aunque pueda dejar a alguno en el olvido: Fernando Gutiérrez, Abelardo, Maximino, Juan, Lidia, Arias, Estrada, Mora, Varela, etcétera, que serían posteriormente personas claves en la estructura administrativa del Principado y a quienes se les debe un reconocimiento por su actitud comprometida con el proceso autonómico asturiano.
Constituida la Junta General del Principado de Asturias como consecuencia de las elecciones autonómicas, que se celebraron en mayo de 1983, ya en las primeras reuniones de la Mesa de la Cámara, órgano que dirige todo lo concerniente al Parlamento, empezamos a tomar conciencia de la ilusionante etapa que se abría en el devenir de la región, pero al mismo tiempo éramos también sabedores de los problemas y complicaciones que nos iba a traer su organización y puesta en funcionamiento.
Sabíamos que partíamos de casi la nada y que nuestra obligación era la de encontrar soluciones a los problemas que surgieran. No ignorábamos que habría una actividad legislativa amplísima, por la necesidad de aprobar distintas leyes de desarrollo estatutario e intuíamos que, aunque las iniciativas de control iban a estar condicionadas por la actividad legislativa, sería necesario compaginar ambas, sin olvidar tampoco los debates que los problemas de aquellos momentos iban a provocar.
Conocíamos, también, la necesidad de poner en marcha una infraestructura parlamentaria funcional que en aquellos tiempos era muy precaria; un ejemplo muy significativo: no disponíamos de servicio de publicaciones para la edición del Boletín de la Junta o el Diario de Sesiones con lo que eso condicionaba el cumplimiento de los plazos reglamentarios. En más de una ocasión hubo que solucionar esos problemas gracias a la habilidad para esas cuestiones de mi jefe de gabinete. No obstante, la coexistencia en el mismo edificio con la Presidencia del Gobierno pudo facilitar la superación de otras dificultades.
Existía, incluso, la necesidad apremiante de iniciar la organización administrativa del Parlamento con la creación de la plantilla de personal y la relación de sus puestos de trabajo, lo que derivaba todo ello en la exigencia de acertar en la elección de las personas más capacitadas, que ya prestaban su servicio en la administración, para tratar de suplir las carencias detectadas.
Estas reflexiones me llevaron a hacer la propuesta, a los restantes miembros de la mesa, de dar plena confianza a Tuñón como la persona idónea para dar respuesta a estos retos; lo justificaba porque había observado su forma de trabajar en la Diputación Provincial y su compromiso con el proceso autonómico, mientras fui el responsable de la Consejería de Administración Territorial en el Gobierno de Rafael Fernández; además, teníamos a nuestro favor que había sido adscrito, junto con casi todo el personal de la Secretaría General de la Diputación Provincial, a la Junta General del Principado.
La personalidad de Tuñón reunía unas cualidades que han sido destacadas y valoradas por todos los que le han tenido como colaborador: un conjunto de capacidades para afrontar las situaciones más complicadas, a las que se añadía eficacia, rigor, responsabilidad, lealtad, discreción, neutralidad...
Su capacidad de trabajo y planificación hizo posible que la actividad parlamentaria desarrollada bajo su dirección y responsabilidad ni tuviera críticas en el procedimiento utilizado, ni hubiera retrasos en su tramitación, ni se originaran problemas de organización. Pese a que las condiciones en que se trabajaba no eran las aconsejables y pese a estar condicionados por unos períodos de sesiones muy cortos temporalmente, se lograron aprobar con éxito y en tiempo todos los proyectos de ley remitidos a la Cámara, que significó la mayor producción legislativa habida hasta ahora. Sin olvidar otras iniciativas propias de la función de control: interpelaciones, preguntas, proposiciones no de ley, además de debates de orientación política general, planes y programas del Consejo de Gobierno, comparecencias informativas...
Capacidad de aprendizaje para adaptarse a situaciones comprometidas, sin rehuirlas; para ampliar sus conocimientos en derecho parlamentario y para adentrarse sin complejos en las innovaciones tecnológicas. Capacidad jurídica y claridad para hacerse entender en el asesoramiento que prestaba a los distintos órganos parlamentarios, no exenta de rigor cuando debía informar sobre asuntos cuya interpretación podría resultar polémica. Me viene a la memoria un informe sobre un recurso de amparo constitucional contra un acuerdo de la mesa del año 1985. E incluso la elaboración, junto a Joaquín Arce, del borrador del primer Reglamento de la Junta General, que significó un gran avance para el correcto funcionamiento del Parlamento.
Capacidad de gestión para que, con un grupo muy reducido de espléndidos y eficientes funcionarios, consiguiera, bajo su dirección, una organización administrativa, un organigrama y una plantilla de personal que fue un ejemplo de eficacia, trabajo y responsabilidad.
Todo lo descrito anteriormente se puede implementar con las virtudes de lealtad, discreción y neutralidad, que nadie ha puesto en duda como se corrobora en las valoraciones que sobre su personalidad han hecho distintos presidentes de la Junta General del Principado pertenecientes a otros partidos políticos que han trabajado con plena confianza en él.
Por esas razones, cuando finalizaba la primera legislatura y yo presentaba la memoria de la actividad parlamentaria, terminaba su presentación con estas palabras: «hemos logrado un asentamiento razonable de nuestra Cámara representativa y hemos contribuido, todos, a la consolidación en nuestro ámbito regional de un instrumento político de difícil sustitución -yo diría que irremplazable- que da sentido a lo que debe ser un verdadero estado autonómico y no un simple estado descentralizado». En ese «todos», subrayado, la función y papel prestado por Tuñón en la consolidación de esta asamblea parlamentaria destacaba con rasgos especiales.
