«No puede ser que el Estatuto constituya una reforma encubierta de la Constitución»

Oviedo, Luján PALACIOS

Francisco Bastida (Pontevedra, 1951) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo y crítico con la división que se ha producido en el Tribunal Constitucional a costa del Estatuto de Cataluña. Bastida cree que se ha empezado «la casa por el tejado», porque lo primero debería haber sido una reforma constitucional que amparara los nuevos estatutos.

-¿Para cuándo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña?

-La sentencia se puede producir en cualquier momento, porque técnicamente el plazo ya está rebasado hace mucho tiempo. Siempre ha sido así, el Tribunal Constitucional casi nunca se ha ajustado a sus propios plazos. Es una sentencia que se espera desde hace mucho tiempo y cuanto más se demora, suscita comentarios y reacciones que en nada benefician al sistema constitucional ni a la sociedad democrática en su conjunto.

-¿Qué opinión le merece el Estatuto?

-Hay puntos en el documento que son muy discutibles, si no, no habría tanta polémica ni se demoraría tanto la sentencia. Yo creo que el problema de raíz es cómo se gesta el Estatuto catalán: se hace porque no se ha acometido una reforma de la Constitución. Lo lógico es que se hubiera reformado la Constitución para dar cabida a este tipo de estatutos, que en su concepción se refieren más a un Estado federal. Como no hubo esta reforma, desde la Generalitat se impulsó una reforma del Estatuto ante la inviabilidad de la reforma constitucional. Se ha empezado la casa por el tejado, no puede ser que el Estatuto de Autonomía sea una reforma encubierta de la Constitución.

-¿Entonces, es más constitucional o inconstitucional?

-Los partidos políticos catalanes nacionalistas argumentaban que si el Estatuto es una reforma de la Constitución, es que es una norma cuasi constitucional. A continuación se dice que es una norma constitucional. Se va por una pendiente muy resbaladiza de asimilaciones en la que se pasa a decir directamente que es un pacto entre Cataluña y España, y luego se ha pasado incluso a decir que es un pacto originario, y no lo es. Esto conduce a hacer emerger posiciones federalistas como poco, y soberanistas como más real. Que esto es así lo refleja el propio Estatuto, que tiene más artículos que la Constitución y le da una estructura similar. No se menciona para nada a España ni a la Constitución, que queda completamente marginada. Se introduce una declaración de derechos que en muchos casos la Constitución ya reconoce, que tiene un componente muy importante como punto doctrinal, porque viene a reafirmar que el Estatuto es una Constitución. No sé por qué lo llamamos Estatuto cuando en realidad queremos decir Constitución.

-En todo caso, ya existe una Constitución, y el Tribunal Constitucional debe ceñirse a la norma. ¿Por qué hay tantos problemas entonces para dictar sentencia?

-La Constitución no es tan clara, y es abierta. Siempre se está introduciendo la idea de que Cataluña es una nación, distinta de España y muchas veces contrapuesta a ella. Hay una serie de cuestiones en el Estatuto que se pueden resolver a través de una sentencia interpretativa, y hay que tener en cuenta que para declarar inconstitucional una norma tiene que suceder que cualquier interpretación de esa norma sea inconstitucional. La sentencia deberá puntualizar mucho cada cuestión, y por eso lleva tiempo. No creo que tanto como se ha tomado el Tribunal Constitucional, pero evidentemente hay que matizar.

-¿No cree que los retrasos y las injerencias políticas están proyectando una mala imagen del Tribunal Constitucional?

-Las injerencias políticas vienen ya de muy atrás. El sistema de nombramiento de los magistrados que han adoptado los partidos ha convertido una mayoría de consenso que exige la Constitución en un reparto proporcional. Y eso significa dividir al Tribunal en magistrados míos y magistrados tuyos. Eso ya es una primera perversión. La segunda en este caso es que el Partido Popular impulsó una recusación para jugar a alterar las mayorías políticas previamente definidas por el sistema de nombramiento.

-¿Es conveniente renovar a sus miembros?

-Ahora habría que esperar, sería una barbaridad renovar a los magistrados estando a punto de dictar sentencia. Pero los miembros del Tribunal deberían ser conscientes de que si no son capaces de dictar sentencia, ellos mismos tendrían que presentar su dimisión. No sé qué otro argumento de interpretación se puede descubrir para salvar esta situación. Si se renovara, supondría dar un paso atrás, porque los nuevos magistrados deberían volver a mirar todo; no tienen por qué comulgar con las opiniones de sus antecesores. Pero cuanto más se dilata la renovación, se va alterando también el mandato constitucional. Si esto se alarga un poco más habrá que cambiar a ocho magistrados.

-¿Cree, como dicen algunos, que el Tribunal está herido de muerte?

-No, en absoluto. En todos los países, como Estados Unidos con su Tribunal Supremo, han pasado momentos muy delicados cuando las decisiones tienen un contenido o una trascendencia política muy grande. Las crisis y turbulencias han pasado siempre en todos los tribunales constitucionales. Aunque la verdad es que aquí se va cosechando por la torpeza de los partidos políticos mayoritarios un grave descrédito del Tribunal que él mismo a su vez, con su modo de actuar, contribuye a alimentar.

-Con tanta polémica, ¿se está viciando la sentencia?

-Puede ser una sentencia que al final ponga las cosas en su sitio, que diga realmente si el Estado de las autonomías sigue abierto o que ponga unos límites claros al Estado de las autonomías. Lo que no cabe es pedirle al Tribunal que ejecute la reforma constitucional que le corresponde al Parlamento. Durante todos estos años se han ido delimitar las competencias a golpe de sentencia, y eso no puede ser. La delimitación de las competencias que se ha hecho en el Estatuto catalán es muy detallista, excesivamente. Además, sin mencionar la Constitución, viene a vaciar todo lo que no es claramente competencia exclusiva del Estado en favor de la comunidad autónoma, y con mucho detalle para impedir una interpretación del Parlamento español.

-¿Estamos ante un toque definitivo de atención para una reforma constitucional?

-Mientras el PSOE estaría a favor de la reforma de la Constitución, el PP no está por la labor. Y mientras esto no suceda, la reforma no se va a poder hacer. La cuestión es si cabe el Estatuto catalán en nuestro ordenamiento constitucional sin una reforma previa de la Constitución. Algunas cosas me parece que no. El Estatuto es una interpretación de la Constitución, lo que permite a Cataluña encajar sus preceptos en ella. A mí me parece que el gran problema es que el Estatuto está hecho desde una desconfianza enorme hacia el Estado y la Constitución.

-Los políticos aseguran que no existen presiones hacia el Tribunal, pero todos los días hacen declaraciones.

-Esto es un problema añadido, el envolverse en la bandera catalana como si la sociedad catalana no fuera plural, y como si la opinión pública catalana fuera uniforme. Y no es así, la sociedad es plural, y no puede decirse que se hiere la dignidad de Cataluña porque habrá muchos catalanes que no se sientan ofendidos por una sentencia que declare inconstitucionales algunos preceptos del Estatuto.

-Los medios de comunicación también se han posicionado.

-Los medios están a su vez presionados, no hay que olvidar que son empresas cada vez más dependientes de muchos intereses. Que jueguen también a esto, no sólo como mediadores sino como parte, es significativo. Son ellos, las empresas de comunicación, los que se ponen de acuerdo para no quedar descolocados en su juego empresarial.

Francisco Bastida estudió Derecho en Santiago de Compostela (1968-69) y Barcelona (1970-73), donde se licenció en su Universidad. Se doctoró en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1977, con la tesis «El pensamiento político del Tribunal Supremo durante el franquismo (1964-1974)». Fue profesor ayudante de Teoría del Estado de 1974-1978 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Se trasladó en 1978 a la Universidad de Oviedo, donde ejerció como profesor titular de Derecho Constitucional hasta 1989. Desde febrero de 1990 es Catedrático de Derecho Constitucional. Es autor de libros y monografías de Derecho Constitucional, y sus principales líneas de investigación son los derechos fundamentales, singularmente la libertad de información, soberanía y democracia y el Estado autonómico.

«El gran problema es que el Estatuto de Cataluña está hecho desde una desconfianza enorme hacia el Estado»

«Habría que esperar para renovar a los magistrados del Tribunal, pero ellos mismos deberían presentar su dimisión»

«Es un error envolverse en la bandera catalana como si la opinión pública en esa comunidad fuera uniforme»