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Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
Un millar de jóvenes, casi el 40 por ciento de los asturianos que cumplen los requisitos para recibir la ayuda al alquiler -la llamada «renta básica de emancipación»-, sigue a la espera de cobrar los 210 euros mensuales con los que el Ministerio de Vivienda se comprometió a ayudar, ya en enero de 2008, a los más jóvenes a abandonar el hogar familiar. Esta cifra coloca al Principado como la segunda comunidad autónoma, sólo superada por Cataluña, en la que por una razón u otra los beneficiarios de la ayuda siguen a la espera de beneficiarse de ella.
En lo que va de año, y con los datos actualizados de ayer, son ya 3.471 los asturianos que han acudido a la Consejería de Bienestar y Vivienda, en manos de IU, para que la Administración regional ponga en marcha unos trámites que dependen, al igual que la financiación, del Ministerio de Vivienda.
De estas casi 3.500 peticiones, se han tramitado positivamente ya 2.776. Cobrando las ayudas están 1.739 personas. Otras 781 las tienen concedidas, pero siguen a la espera de recibir el primer ingreso de 210 euros. Otros 256 asturianos han recibido el visto bueno para cobrar la «renta de emancipación básica», pero todavía están pendientes de remitir el contrato de alquiler para que la ayuda se concrete. Así, de las casi 2.800 ayudas aprobadas, siguen a la espera de cobro 1.037, el 37,4 por ciento del total.
El resto, hasta completar los 3.500 expedientes, se divide en las 436 personas que no cumplen los requisitos exigidos por el Ministerio de Vivienda y las 259 que aún no han remitido toda la documentación necesaria. En el conjunto del país, la situación de impago de las ayudas afecta a 59.200 jóvenes, casi el 28,42 por ciento de los que las tienen concedidas. Por el contrario, hasta septiembre ya reciben los 210 euros mensuales de ayuda al alquiler casi 149.000 personas.
Para poder acceder a esta ayuda, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, hay que cumplir tres exigencias: tener entre 22 y 30 años, ingresar menos de 22.000 euros brutos al año y no deber ni un euro a Hacienda. En el Principado las dos principales causas por las que se deniega la ayuda se centran en que los solicitantes tienen más de 30 años y no aportan la documentación necesaria. La lentitud con la que muchos jóvenes están recibiendo esta ayuda al pago del alquiler se centra, en muchos casos, en la farragosa burocracia necesaria.
Uno de los problemas detectados es que en muchos de los casos el pago a los caseros se realiza a través de recibos domiciliados en lugar de una transferencia. Esta situación no está prevista y obliga al beneficiario a remitir los recibos mes a mes. Otra causa se centra en la obligación de acudir al banco con la resolución de ser beneficiario de la paga para poner en marcha el proceso. De todas formas, y ya desde finales del pasado mes de marzo, el Ministerio de Vivienda ha comenzado a trabajar para agilizar la resolución de los trámites, informatizando el sistema y contratando a más personal. Mientras, cada mes se reciben 3.000 peticiones en todo el país.
El Defensor del Pueblo ya cuenta con más de medio millar de quejas por el retraso de los pagos. La mayor parte de las denuncias se centra en múltiples fallos en el intercambio de datos entre las administraciones. Esto retrasa aún más los trámites en una época en la que el paro juvenil se ha disparado por culpa de la crisis económica.
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