El Gobierno pide a los jueces que lleven a los presos extranjeros a cárceles de sus países

Oviedo, Luján PALACIOS

El Gobierno cree que los delincuentes extranjeros juzgados en España deberían cumplir las penas de prisión en sus países de origen, y en el caso de condenas pequeñas, deberían ser permutadas por la expulsión. Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, aseguró ayer en Oviedo en el transcurso de las IV Jornadas «Delito y sociedad», que la ley española permite que los extranjeros puedan ser trasladados a sus países para cumplir allí estas condenas, pero que aún son muy pocos los jueces que optan por esta solución, que ayudaría a aliviar el nivel de ocupación de las cárceles.

Gallizo se mostró «muy partidaria» de esta solución para los extranjeros que no tienen residencia legal en España y sobre todo si han sido detenidos en las fronteras, porque «su permanencia durante años en una prisión española no ayuda para nada a su reinserción posterior, que van a tener que desarrollar en sus países de origen». A ello se añade el incremento de la población reclusa en España en las dos últimas décadas, motivado por la mayor duración de las penas en España con respecto a otros países europeos. En el caso español, el 35 por ciento de los presos es extranjero. Por eso, un traslado a sus países natales para cumplir condena podría aliviar el nivel de saturación de los penales.

En este sentido, Mercedes Gallizo anunció la puesta en marcha de un plan «potentísimo» de construcción y mejora de la red penitenciaria. En los últimos cinco años se han abierto cuatro centros, se han ampliado otros dos y se ha inaugurado un total de 21 centros de reinserción que permiten el cumplimiento de las penas en régimen abierto, con el fin de reducir la población reclusa. Del mismo modo, en la actualidad se están construyendo otros once.

La secretaria de Instituciones Penitenciarias destacó en este punto la labor que se está realizando en la cárcel asturiana de Villabona, una instalación «de referencia» en la que se está desarrollando una importante labor para evitar una tasa de ocupación tan elevada.

El fiscal jefe de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gerardo Herrero -organizador de las jornadas, en colaboración con el Principado-, incidió también en la necesidad de expulsar a los extranjeros para que respondan en sus países. «Es una alternativa que contempla el Código Penal y que tiene que fomentarse», aseguró.

En las jornadas también participó ayer Luis Navajas, fiscal de sala del Tribunal Supremo delegado de vigilancia penitenciaria, quien defendió que el terrorismo siga siendo considerado crimen organizado. Según subrayó Navajas, casos como el de ETA no pueden desvincularse de un fin puramente lucrativo, cuando «con el paso del tiempo sus reivindicaciones políticas se han ido diluyendo y la organización busca su supervivencia».