Asturias, entre las regiones del mundo que más trabas ponen a la apertura de nuevos comercios

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

Asturias está entre las regiones de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o, lo que es lo mismo, del llamado mundo desarrollado que más restricciones ponen a la apertura de nuevos comercios. De acuerdo a un informe que acaba de publicar la Caixa, España supera la media internacional en cuanto a impedimentos regulatorios a la implantación de estos negocios, y el Principado lidera, y con bastante diferencia, el ranking nacional.

Además, pese al mandato europeo que, en teoría, obligará a erradicar este tipo de trabas administrativas a partir del año que viene, Asturias, que es la tercera comunidad autónoma española en cuanto a densidad de centros comerciales, tiene previsto mantener las duras restricciones a la apertura de hipermercados en su territorio, aunque, eso sí, maquillándolas para evitar la reprimenda de Bruselas y abriendo la mano en lo que se refiere a supermercados. Los expertos de la Caixa que han redactado el informe, así como economistas del centro de estudios del Banco de España advierten de que esta política del Gobierno regional, que hace unos años llegó a aplicar una moratoria para grandes superficies, puede resultar negativa para la eficiencia y el empleo en el sector, y que, además, amenaza con convertirse en un factor de riesgo para el incremento de la inflación.

Dentro del denominado indicador de impedimentos regulatorios al comercio, España figura en el décimo lugar de los países de la OCDE, con una puntuación que ronda los 2,5 puntos sobre un máximo de 6. El Estado más intervencionista es Luxemburgo, seguido, por este orden, de Bélgica, Austria, Polonia, Finlandia, Francia, Canadá, Portugal y Dinamarca. Estados Unidos (EE UU) ocupa la trigésima posición, justo por encima de Japón y de Alemania.

Pues bien, si España ya se encuentra entre los países más restrictivos, Asturias se lleva la palma en la clasificación nacional. Sobre un máximo de siete puntos ocupa el primer lugar del ranking, con algo más de seis. Le siguen Extremadura, Aragón, Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, Navarra y Murcia, que se sitúan en torno a los cinco puntos. Valencia y Madrid, rondando los cuatro puntos, están entre las comunidades que menos impedimentos ponen a quienes pretenden abrir un negocio, lideradas por Galicia.

La situación de Asturias a la cabeza de las regiones más intervencionistas de la OCDE se explica a partir de varios factores. Sobre la base de que la región ronda los 450 metros cuadrados de superficie comercial por cada millar de habitantes, una densidad sólo superada por Murcia y Madrid, el Gobierno del Principado ha optado por limitar la instalación de nuevos centros comerciales y por cobrar un impuesto regional a los híper.

Además, el horario semanal y las aperturas dominicales están entre los más bajos del país, ajustados a los mínimos que permite la legislación estatal, y los períodos de rebajas también son sensiblemente más reducidos de los que se autorizan en otras comunidades autónomas. Si en el Principado son 103 días al año, hay comunidades que llegan a los 150. El objetivo principal de la política del Ejecutivo de Areces en esta materia ha consistido en evitar la proliferación de grandes complejos, sobre todo en el centro de la región, para blindar, en la medida de lo posible, el comercio urbano.

La Unión Europea, a través de una directiva de servicios, pretende eliminar este tipo de barreras, flexibilizando al máximo las condiciones para la apertura de negocios comerciales. Como consecuencia, el Gobierno socialista español aprobó el pasado verano, con la oposición del PP, un proyecto de reforma de la ley de Ordenación del Comercio Minorista, que trata de adecuarse a los contenidos de la normativa continental, pero que, sin embargo, deja un amplio campo de maniobra a las comunidades autónomas.

El Principado aprovechará la tesitura para mantener las restricciones a las grandes superficies. Entre otras cuestiones, obligará a que superen una evaluación de impacto ambiental, estructural y comercial. De esta manera, el Gobierno regional está en disposición de mantener la capacidad de veto a la implantación de estas instalaciones, sobre todo en el centro de la región, donde ya considera que la oferta está más que cubierta.

Aunque sin citar ningún caso concreto, el estudio de la Caixa alerta de las negativas consecuencias que pueden derivarse de «una regulación excesiva, inadecuada o ajena al funcionamiento del mercado», que, a su juicio, «entorpece la asignación eficaz de recursos y perjudica a las empresas más eficientes y dinámicas». Es más, los redactores del documento también advierten de que las regulaciones, de ser anticompetitivas, «afectan a la eficiencia de los servicios», poniendo de manifiesto que «los estudios demuestran que cuanto mayor es el grado de regulación de los servicios, menos tiende a crecer la productividad del conjunto de la economía».

Según el informe de la Caixa, «el crecimiento de la productividad es un elemento determinante en los avances en los niveles de renta y riqueza, tanto a nivel relativo como absoluto». En esta línea, sus expertos advierten de que «no cabe pensar en aumentos persistentes de la renta per cápita en economías en las que la productividad no progrese, y el sector servicios, por su peso y naturaleza, tiene hoy en día la clave en los avances de productividad del conjunto de las economías».