Uno de cada tres ayuntamientos asturianos no rinde cuentas ante la Sindicatura del Principado, a pesar de que es una obligación legal, y entre los dos tercios que sí lo hacen, la gran mayoría presenta los datos fuera del plazo establecido por la ley.
En concreto, de los 78 concejos asturianos, menos de 55 cumplieron con esta obligación de presentar las cuentas del año 2006 ante la Sindicatura del Principado y menos de media docena, entre ellos Gijón, lo hicieron a tiempo, según datos a los que ha tenido acceso EFE.
Aunque fuera de plazo, el resto de los grandes municipios de la región, como Oviedo, Avilés, Siero, Mieres y Langreo, también rindieron sus cuentas ante este órgano fiscalizador.
La Sindicatura asturiana se encargada desde 2005 de fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público autonómico, de asesorar a la Junta General del Principado y a las entidades locales de la región y del ejercicio de las competencias que le sean delegadas por el Tribunal de Cuentas.
La Sindicatura tiene previsto este mes cerrar el programa anual de fiscalizaciones para el año 2010 y tiene muy avanzada la elaboración del informe correspondiente a las cuentas de las entidades locales del ejercicio 2006, en el que se incluyen ayuntamientos, consorcios, mancomunidades o parroquias rurales, entre otros.
Sucede así en todas las comunidades que disponen de un órgano de fiscalización propio, mientras que en las que carecen de él, la labor recae sobre el Tribunal de Cuentas.
Su presentación en alguno de estos órganos es una obligación legal ya que, al igual que los ayuntamientos tienen capacidad para imponer tasas y multas, también deben responder ante los ciudadanos del manejo de sus fondos públicos.
No obstante, en Asturias no se han establecido medidas para forzar a los ayuntamientos para la fiscalización externa de sus cuentas, como si han hecho ya otras comunidades autónomas.
En Galicia, Cataluña o Andalucía, por ejemplo, se ha decidido impedir el acceso a ciertas subvenciones a los ayuntamientos que no cumplan con este requisito.
La Sindicatura de Baleares también ha trasladado hace unos meses una propuesta al parlamento para mejorar la rendición de cuentas de los ayuntamientos, ya que entre el 20 y el 25 por ciento de ellos no lo hicieron en los años 2003, 2004 y 2005, y menos de la cuarta parte lo hizo en el plazo legalmente establecido.
Con este fin, ha propuesto al parlamento de las Islas Baleares que promueva modificaciones normativas para que se considere un "criterio excluyente para el acceso a las ayudas y subvenciones la falta de rendición de cuentas", que se simplifiquen los trámites, se dé apoyo a los municipios y se impulse la rendición telemática de las cuentas.
Para los casos de "especial gravedad" plantea también que se apliquen las medidas sancionadoras tipificadas en el Código Penal y las de carácter coercitivo establecidas en la legislación que regula el Tribunal de Cuentas.
En general, y dado que es una situación que se produce en todo el país, los órganos de control externo son partidarios de que se pongan en marcha medidas disuasorias o coercitivas de este tipo, especialmente entre los reincidentes.
De hecho, hace una semana se reunieron en Madrid representantes de las sindicaturas, entre ellos el síndico mayor de Asturias, Avelino Viejo, y del Tribunal de Cuentas para abordar esta situación y ver qué medidas se pueden adoptar para favorecer que los ayuntamientos rindan sus cuentas.
Los sucesivos escándalos de corrupción en el ámbito municipal que han estallado en estas semanas, han aumentado también las propuestas para que se multipliquen las medidas de fiscalización. EFE