El fiscal pide 12 años para el espía asturiano acusado de vender secretos a los rusos

Madrid, E. P.

La Abogacía del Estado ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Madrid que el juicio contra Roberto Flórez, el ex agente asturiano del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acusado de pasar información a Rusia, se celebre a puerta cerrada. La Abogacía del Estado, que representa al Gobierno, y la fiscalía de Madrid solicitan una condena de 12 años de prisión para el ex agente del CNI Roberto Flórez García como presunto autor de un delito de traición, al revelar a Rusia identidades de agentes e información sobre la organización, entre 2001 y 2004, a cambio de compensaciones económicas.

La defensa del espía asturiano se ha opuesto a la pretensión de la Abogacía del Estado de que la vista discurra a puerta cerrada por la trascendencia de los hechos enjuiciados. «En la causa constan documentos e información de carácter secreto del CNI que afectan directamente a la seguridad del Estado y que, pese a su desclasificación para el juicio, ha de preservarse su integridad y evitar su difusión en la medida de lo posible», argumenta la Abogacía del Estado en su escrito de acusación. El tribunal aún no se ha pronunciado acerca de esa petición sobre un juicio que se celebrará entre los días 25 de enero y 2 de febrero.

El proceso penal contra Roberto Flórez arrancó en un Juzgado de Tenerife, donde el agente fue detenido el 23 de julio de 2007 por delitos de traición y de revelar secretos a otro país, pero el juez se inhibió a favor de un Juzgado de Madrid debido a que los hechos denunciados ocurrieron en la sede central del CNI, en la capital. Roberto Flórez prestó servicios para el CNI entre marzo de 1991 y marzo de 2004. Durante ese tiempo, el agente se fue apoderando de numerosa documentación, clasificada como secreta y, según el fiscal, sacó dicha documentación en DVD, CD, cintas casete, microcintas y otros soportes informáticos, que ofreció a los servicios secretos de Rusia a través de una carta donde ofrecía información sobre «quién es quién en el CNI, su estructura y procedimientos de trabajo contra Rusia y países terceros», y se mostraba dispuesto a facilitar esos datos porque se consideraba «una persona de izquierdas». En una segunda misiva a un ex agente ruso, Flórez planteaba «la conveniencia de mejorar la seguridad y disminuir la vulnerabilidad del sistema de comunicación». A cambio de esta colaboración, el agente asturiano reclamaba como contraprestación 200.000 dólares.

La fiscalía y la Abogacía del Estado consideran los hechos constitutivos de un delito de traición, por el que piden 12 años de cárcel, si bien el letrado estatal plantea subsidiariamente al tribunal la posibilidad de que se trate de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por el que solicita una pena de 4 años de prisión. Por su parte, la defensa de Flórez pide su absolución y ha solicitado al tribunal que le juzgará que acuerde su libertad provisional, alegando que lleva en prisión preventiva desde que fue detenido y que no existe riesgo de fuga, dado su arraigo familiar, pues residía con su pareja en Tenerife, y profesional, ya que trabajaba para una ONG.