MARA VILLAMUZA
Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
La avalancha de casos de corrupción que se han desatado en los últimos meses en distintos ayuntamientos españoles ha llevado a muchos gobiernos regionales a plantearse dar a sus tribunales de Cuentas (en el caso del Principado y otras regiones denominados sindicaturas de Cuentas) instrumentos para obligar a los ayuntamientos a permitir su fiscalización. Y es que las entidades públicas que más se resisten a entregar su libros de gastos e ingresos son las administraciones locales, a pesar de que gestionan enormes cantidades de recursos públicos y de que poseen capacidad normativa, fiscal y sancionadora. Los castigos por no rendir cuentas ante la Sindicatura se centran, tomando lo que ya se aplica en otras regiones y las ideas que se han puesto sobre la mesa, en hacer público cuáles son los ayuntamientos que se resisten a ser fiscalizados, en multas y en congelar las subvenciones públicas que reciben.
Asturias no es ajena a esta tendencia a la «rebeldía». Como prueba de ello puede tomarse lo que recoge el informe de la Sindicatura sobre la gestión de las entidades locales (ayuntamientos, consorcios, mancomunidades o parroquias) en el ejercicio 2006. En el informe se destaca que dentro del plazo previsto por la normativa presentó sus cuentas menos de media docena de concejos, entre ellos Gijón. Unos cincuenta concejos los hicieron a destiempo. El resto no envió sus cuentas, aunque entre ellos no se encuentra ningún gran municipio. Es decir, uno de cada tres ayuntamientos asturianos no rinde cuentas, y la gran mayoría que sí lo hace presenta sus balances fuera de tiempo. En casos así la ley da a la Sindicatura dos posibilidades: o pedir las cuentas a través del Parlamento o acudir a los tribunales. En general, los parlamentos, incluido el asturiano, no hacen mucho caso de los ayuntamientos que no presentan sus cuentas. Y la vía judicial alargaría el proceso indefinidamente. Por eso se trata de encontrar una medida intermedia y efectiva para lograr que nadie escape a las auditorías.
Con este objetivo, el síndico mayor del Principado, Avelino Viejo, participó en Madrid a comienzos de este mes en una reunión junto a representantes de otros órganos fiscalizadores y del Tribunal de Cuentas. La Sindicatura asturiana guarda silencio. Pero sí que algunos de sus miembros transmite cuando menos inquietud por la ausencia de preocupación que existe por la no rendición de cuentas de un tercio de los municipios asturianos.
Pero lo cierto es que el propio Avelino Viejo ha insinuado en sus comparecencias ante la Junta la imposibilidad de llevar hasta el final las funciones de la Sindicatura, al no contar con instrumentos coercitivos. La última vez que lo hizo fue el pasado 18 de noviembre durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda para explicar un informe sobre los contratos de alta dirección del Principado. Ante la insistencia de los diputados del PP sobre que las recomendaciones de la Sindicatura no son seguidas por las entidades fiscalizadas, Viejo recordó a sus señorías que los informes «no son vinculantes» y que las atribuciones del órgano fiscalizador «llegan hasta donde llegan».
De todas formas, la idea de castigar a las entidades que no rindan cuentas no se generalizó en toda España hasta hace unos meses, cuando el juez Baltasar Garzón puso en marcha la «operación Pretoria» contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento catalán de Santa Coloma de Gramanet. La operación se saldó con varios detenidos, entre ellos el alcalde y dos antiguos «pesos pesados» de la política catalana muy vinculados a Jordi Pujol. Más de un político se sonrojó cuando se supo que la Sindicatura de Cuentas catalana ya había advertido sobre irregularidades en Santa Coloma en un informe de 2007 que pasó sin pena ni gloria por la Generalitat.
A raíz de esto, el presidente catalán, José Montilla, anunció que articularía mecanismos para que la Sindicatura pueda castigar con dureza a aquellas entidades que burlen su control. Por su parte, el PP nacional solicitó dar más poder al Tribunal de Cuentas del Reino para congelar las subvenciones de los ayuntamientos díscolos. Recientemente, el Ministerio de Economía anunció que dejará de abonar las cantidades a cuenta de los impuestos a los municipios que no envíen la liquidación de sus presupuestos.
Valencia
La Sindicatura de Cuentas valenciana aplica el método de la «vergüenza» con aquellos municipios que no aportan sus cuentas. Hace público en su página el nombre de todos los ayuntamientos reacios a colaborar. Esto ha incrementado la rendición de cuentas.
Baleares
El órgano fiscalizador de las islas Baleares presentó el pasado mes de junio una moción ante el Parlamento balear para considerar como «criterio excluyente para el acceso a las ayudas y subvenciones que otorguen la comunidad autónoma y los consejos insulares» la no rendición de cuentas. En los tres últimos años, sólo entre el 27 y el 18 por ciento de todos los municipios de las islas presentó sus cuentas en tiempo y forma. Y entre el 14 y 19 por ciento no lo hizo.
Barcelona
La Generalitat está estudiando cortar el grifo del dinero autonómico, de las diputaciones y de los fondos procedentes de la Unión Europea a los ayuntamientos y otras entidades fiscalizables que no faciliten a la Sindicatura sus números. Además, se medita respecto a permitir que la Sindicatura fiscalice la contabilidad y la actividad económica y financiera de los partidos políticos. También se estudia ampliar la medida a todas aquellas empresas, entes y similares que cuenten con inyecciones, directas o indirectas, de dinero público. Incluso se baraja imponer multas de 200 a 2.000 euros.
Hacienda
El Ministerio dejará de ingresar el dinero de los tributos del Estado a las entidades locales que no le remitan su liquidación presupuestaria anualmente.
