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LUISMA MURIAS
Oviedo, Juan A. ARDURA
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reclamó ayer al Principado que intensifique el control sobre las empresas públicas a las que la Administración regional desvía su inversión de manera creciente en los últimos años. La patronal realizó esa reivindicación, compartida también por el sindicato Comisiones Obreras, durante la ronda de comparecencias sobre el Presupuesto de 2010, que finalizará hoy en el Parlamento regional con la intervención del consejero de Economía, Jaime Rabanal.
El Gobierno asturiano invertirá el próximo año un total de 1.283,4 millones de euros, de los que casi un tercio, 400 millones de euros, irá por vía extrapresupuestaria a través de sociedades o empresas públicas. El Principado invertirá de forma directa 471,9 millones de euros mientras que los 421 restantes se desembolsarán con cargo a transferencias a entidades públicas para ser destinados a inversión.
La patronal destacó ayer el papel creciente del resto del sector público regional, en el que incluyó a los organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada y a las empresas públicas. «Como viene sucediendo en los últimos años se intensifica la política de instrumentar inversiones a través de estas empresas públicas», advirtió Marta Álvarez, la responsable del servicio de estudios económicos de la FADE. La representante de la patronal reclamó al Gobierno regional que la fórmula de realizar inversión al margen del Presupuesto regional no suponga un incremento del gasto corriente. «Sin rechazar esta medida, FADE espera que las aportaciones globales a las empresas públicas acaben transformándose efectivamente en inversión y no sean empleadas en gasto corriente para el sostenimiento de las citadas entidades». Los empresarios asturianos, que en esta ocasión también hablaban en nombre de la Confederación Asturiana de la Construcción, plantearon la necesidad de intensificar el control sobre el sector público que maneja inversión regional y que esas empresas no entren en competencia con la iniciativa privada. «Reiteramos la necesidad de articular mecanismos de control adicionales sobre su actividad, que deberá limitarse al ejercicio de funciones públicas sin interferir de forma inadecuada en el desarrollo de la actividad privada, y sobre su situación financiera y patrimonial».
La posición de FADE sobre las empresas del sector público regional también fue compartida por Comisiones Obreras en la Comisión de Economía sobre los Presupuestos. Este sindicato considera que «el desvío de inversiones a través de empresas públicas es una fórmula que resta transparencia y claridad a las cuentas regionales». Gilberto García Buelga, secretario de relaciones institucionales de CC OO, considera que esa fórmula «supone mayores costes e implica un riesgo muy elevado, puesto que no existe una regulación específica para este tipo de sociedades en cuanto a su capacidad de endeudamiento». García Buelga también manifestó que su sindicato considera necesarios «mecanismos de control adicionales» sobre dichas sociedades. Luego, en el turno de preguntas, el representante sindical respondió al PP que el Parlamento asturiano debe ser capaz de «crear mayores instrumentos de control sobre estas empresas», una valoración que recogió gustosamente el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons: «Espero que el Gobierno de dos fuerzas de izquierda sea capaz de articular ese control». Entretanto, el portavoz del PSOE en la comisión de Economía, Álvaro Álvarez, preguntó a la representante de FADE hasta por tres veces de qué sociedades no tenían información sobre sus gastos. «No voy a entrar a enumerar empresas del resto del sector público autonómico», respondió Marta Álvarez.
La patronal también emplazó al Gobierno asturiano a tramitar con mayor fluidez los avales dirigidos a las empresas de la región. FADE cifró en 113 millones de euros la partida de avales para financiar proyectos de inversión, mejora de estructura financiera y apoyo al sector de la vivienda en el próximo Presupuesto regional. «La labor del Gobierno regional en este ámbito debe intensificarse y hacerse más ágil, dadas las dificultades de acceso a la financiación que están mermando la capacidad de inversión y consumo de empresas y particulares en la región».
Por su parte, la representante de UGT consideró «preocupante» la caída de las partidas para el fomento del empleo , «cercana al 30 por ciento en la actual coyuntura de aumento del paro». Mar Celemín, secretaria de acción sindical de UGT, advirtió de la ralentización en las políticas de investigación y desarrollo, vinculadas «al cambio de modelo productivo». Y el representante de CC OO, Gilberto García Buelga, se mostró especialmente crítico con la política fiscal llevada a cabo por el Gobierno asturiano y propuso la apertura de un debate para subir los impuestos a las rentas altas.
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